La petición de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) ha unido a las cuatro comunidades que se sienten más afectadas negativamente: Andalucía, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. LLa Junta de Andalucía ha ejercido en Sevilla de anfitirión para una jornada dedicada a esta problemática, de la que el Gobierno andaluz lleva meses haciendo bandera.
La consejera andaluza de Economía, Carolina España, ha sido especialmente contundente al inaugurar el foro celebrado en Sevilla. Según sus cálculos, Andalucía habría dejado de percibir 13.411 millones de euros desde entonces. A su juicio, el modelo no solo es injusto, sino también inconstitucional, al permitir diferencias de hasta 1.000 euros por habitante ajustado entre territorios.
El informe elaborado por el Ivie respalda esas afirmaciones y cuantifica el déficit acumulado para cada una de las cuatro comunidades: más de 20.000 millones en la Comunitat Valenciana, cerca de 2.000 millones en Castilla-La Mancha y más de 4.000 millones en Murcia.
Carolina España ha lanzado una crítica directa a la ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, acusándola de “dar la espalda” a Andalucía y de no haber cumplido con su compromiso —expresado cuando era consejera— de reformar el modelo. La consejera ha insistido en que “no se trata de privilegios ni chantajes” sino de justicia fiscal, y ha reclamado la creación inmediata de un fondo transitorio de nivelación cifrado en 3.000 millones de euros para igualar la financiación mientras se tramita una reforma integral del sistema.
Críticas desde Castilla-La Mancha
En paralelo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, pese a ser una comunidad gobernada por el PSOE, ha secundado esta reclamación. De hecho, la sintonía entre Emiliano García-Page y Juanma Moreno se ha hecho evidente en multitud de ocasiones. El consejero de Hacienda manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha denunciado los mismos problemas: insuficiencia financiera, inequidad territorial, endeudamiento estructural y falta de lealtad institucional. “Llevamos más de una década esperando una reforma que no llega, con gobiernos del PP y del PSOE, y siempre caemos en saco roto”, ha lamentado.
Ruiz Molina ha añadido que Castilla-La Mancha no solo apoya la creación de un fondo transitorio, sino que también reclama una reestructuración de la deuda autonómica, cuyo aumento atribuye directamente a la infrafinanciación. A su juicio, el actual modelo obliga a realizar un “sobresfuerzo” económico para mantener servicios esenciales como la sanidad o la educación en igualdad de condiciones con otras regiones mejor financiadas.
Otro de los puntos subrayados por el Gobierno castellanomanchego ha sido la necesidad de una Ley de Armonización Fiscal para evitar la competencia entre comunidades autónomas. Ruiz Molina ha defendido que los impuestos se paguen “en función de la capacidad económica y no del territorio”, en una clara alusión al debate sobre el denominado “dumping fiscal” de regiones como Madrid.
Ambos gobiernos, el andaluz del PP y el castellanomanchego del PSOE, han coincidido también en la crítica a que se prioricen otras fórmulas de financiación negociadas con partidos independentistas, lo que consideran un agravio frente a regiones que cumplen sus obligaciones pero no reciben los recursos que les corresponderían por población y competencias asumidas.
