El Gobierno andaluz ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado por el Ejecutivo central el pasado mes de marzo, al considerar que vulnera competencias autonómicas. La norma establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y, según la Junta, se adoptó sin diálogo previo con los gobiernos regionales.
La decisión fue acordada este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Junta, que ha encargado al Gabinete Jurídico la formalización del recurso. La portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, señaló que la medida estatal constituye una invasión de competencias y advirtió sobre la falta de medios económicos adecuados para asumir la atención de estos menores.
Desde la Junta se defiende que Andalucía mantiene una actitud solidaria y de acogida, pero se subraya que no puede asumir más responsabilidades sin recursos adicionales. El Gobierno andaluz argumenta que el reparto fue impuesto sin negociación y que las comunidades autónomas son quienes deben asumir las consecuencias operativas y financieras de la medida.
La administración andaluza sostiene que el decreto modifica de forma sustancial la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos de los extranjeros, incorporando nuevas regulaciones para el traslado de menores migrantes y mecanismos de actuación ante contingencias migratorias excepcionales. A juicio de la Junta, la situación de urgencia que justificaría la vía del decreto-ley no está debidamente acreditada, al existir ya herramientas legales como el modelo de gestión de contingencias aprobado en 2022.
Asimismo, el Ejecutivo andaluz considera que la norma estatal excede las competencias del Gobierno central e invade atribuciones autonómicas en materia de protección de menores. También critica que se vulneran los principios de autonomía y solidaridad al imponer un reparto que, en su opinión, no responde a criterios equitativos entre territorios.
Otra de las objeciones planteadas se refiere a la falta de concreción en cuanto a la financiación. La Junta cuestiona que el decreto prevea la creación de un fondo compensatorio sin definir su regulación, lo que, según interpreta, genera inseguridad jurídica y contraviene principios constitucionales.
Los argumentos
El Gobierno andaluz argumenta que con este recurso se busca defender su autonomía competencial y reclamar un trato justo para todas las comunidades. Subraya la necesidad de garantizar una atención digna a los menores, tanto a los que podrían llegar como a los que ya forman parte del sistema andaluz de protección, el cual —se advierte— opera actualmente al límite de su capacidad.
Finalmente, desde la Junta se ha hecho hincapié en que esta iniciativa no responde a motivos ideológicos, al recordar que otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, también han anunciado recursos similares. El Ejecutivo andaluz asegura que acatará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional, pero insiste en que cualquier reparto debe contar con el respaldo financiero necesario para garantizar el respeto de los derechos de los menores migrantes.