El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión se produce apenas cuatro días después de que se conociera la sentencia, dictada el pasado 20 de noviembre.
En una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, García Ortiz explica que su decisión se fundamenta en el respeto a las resoluciones judiciales y en la voluntad de proteger la Fiscalía y a sus fiscales. Señala que, sin esperar a conocer la motivación completa de la sentencia, considera que lo correcto es presentar su renuncia como máxima autoridad del Ministerio Público.
El fiscal subraya que esta decisión es un acto debido no solo hacia la institución que dirige, sino también hacia toda la ciudadanía española. Destaca que, tras conocer el fallo, considera que es el momento apropiado para abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad, dada la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, que ha valorado los hechos objeto del proceso como delictivos.
Servicio con "fidelidad y vocación"
A pesar de la renuncia, García Ortiz asegura haber servido a la institución con fidelidad y vocación de servicio público. Recalca su compromiso con el sentido del deber y la lealtad institucional, y enfatiza que su actuación siempre ha estado guiada por el respeto a las normas y al marco legal vigente.
Con esta renuncia, se abre un proceso para la designación de un nuevo fiscal general del Estado, en un momento en que la Fiscalía española se encuentra bajo escrutinio público por la relevancia de los casos en los que interviene y por la necesidad de preservar la independencia de sus actuaciones. La salida de García Ortiz marca un giro significativo en la cúpula del Ministerio Público.
