Hay una lista de enchufados que circula desde hace años de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que tira de espaldas. Todos con carné socialista, todos próximos a figuras relevantes de la política andaluza, pero también de poderosas instituciones que hace unos años eran el mal para los actuales socios del Gobierno andaluz, como la Fundación Cajasol (derivada de la antigua Cajasol, una auténtica caja de pandora), y ahora no se tocan. Quizás por esa misma de tres, PP y Cs son conscientes de que entrar con lanzallamas en todo lo que huela a antiguo régimen, como le llaman, puede acabar por abrarsarles. Vox, que no tiene rémoras ni complejos, pide sangre, es lo que toca si se es coherente con lo que se defendía en la oposición.
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, aseguraba la pasada semana en el Parlamento que su departamento está poniendo en marcha nuevas herramientas para ordenar la situación de los recursos humanos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), incluidos los procedentes de la extinta fundación pública y poder así "extraer el máximo provecho a la profesionalidad de sus trabajadores", mientras que Vox le ha vuelto a exigir que "señale" a los "enchufados" de este organismo y los "eche a la calle". Como mínimo, según la instrucción judicial, son 84 personas, muchos ya pasaron por una comisión de investigación que, como morboso reality puede funcionar, pero que visto lo visto no servirá para nada, como toda comisión que se precie.
La consejera compareció en la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el Parlamento andaluz y afirmó, ahora sí, que "no se debe desperdiciar la potencialidad de una Agencia que debe liderar los muy necesarios servicios públicos de empleo". En este sentido, Blanco ha recordado que el actual equipo se encontró en el SAE con una relación de puestos de trabajo que contaba con tres tipos diferentes de adscripción —Funcionario, Laboral del VI Convenio y Laboral propio—. Ni rastro de una crítica a quienes entraron por la gatera socialista.
Blanco ha definido como "compleja" esta situación de partida en cuanto al personal laboral propio, una complicación que no ha descartado "que perjudicase a los propios trabajadores", de los que ha alabado su "profesionalidad y compromiso". También ha dicho que hay que "meditar" cualquier despido debido a que los procesos judiciales qu eya "dieron lugar a un constante goteo de incidencias que finalizaron en el Supremo", organismo que "dio la razón a los empleados". En este sentido, ha explicado que la sentencia "concluye en la nulidad de los despidos porque en las resoluciones judiciales se le daba la razón a los trabajadores y el despido ha costado unos 80 millones de euros por indemnizaciones y otros conceptos que la administración ha debido pagarles".
"Centro neurálgico de la corrupción socialista"
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Vox Rodrigo Alonso ha criticado que la incorporación de los trabajadores de la Faffe al SAE "es un reflejo del gobierno socialista que convirtió este organismo en el centro neurálgico de la corrupción". "La Faffe se utilizó para estafar a los parados, solo bastaba llevar el carné del PSOE o de los sindicatos para entrar por encima de los funcionarios", ha lamentado, recordando que la fundación pasó de 120 a 1.700 empleados. "El enchufado es una figura que tiene dos problemas, entra de forma ilegal en la administración y denigra el puesto de trabajo y perjudica a su compañero que tiene que hacer un trabajo doble". "Señalar esto no es política carroñera, es poner blanco sobre negro, es señalar al partido que antepuso sus intereses y su beneficio particular", ha concluido Alonso.
Orgías con dinero público
Anticorrupción, apenas un día después del debate en comisión parlamentaria, acusaba a quien fue director general de la Faffe, Fernando Villén, de “satisfacer sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza”, donde “en ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados y que llegaron a alcanzar una cuantía considerable”. Como publicó El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción pide la apertura de juicio oral contra Villén, a quien acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber desviado fondos públicos de esta fundación para el pago de fiestas, "sus vicios", en prostíbulos. Le piden seis años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público. ¿Fue lo de Villén una salvaje excepción que se ha convertido en la mancha genérica que salpica de forma espesa una época importante del PSOE al frente de la Junta?
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