El exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, ha anunciado este lunes que presentará un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que lo condena a dos años y tres meses de prisión por su contratación irregular en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La misma resolución judicial también afecta al exdirector de la entidad, Fernando Villén, ya condenado previamente a seis años de cárcel por el uso de tarjetas bancarias de la fundación en clubes de alterne.
Durante una comparecencia en la Casa de la Cultura de Lebrija, Torres aseguró que recurrirá “a todas las instancias superiores” para demostrar su inocencia, amparándose en "80 pruebas" documentales. Según explicó, entre dichas pruebas figuran "26 convenios" con su participación directa y "50 correos electrónicos verificados" que habría intercambiado con entidades públicas y privadas con el objetivo de captar fondos y programas para la Faffe.
"A las pruebas me remito", afirmó con rotundidad, subrayando también que hay testigos relevantes que respaldarían su versión, como un subsecretario del Ministerio de Defensa, quien supuestamente confirmó por escrito que Torres elaboró un convenio con dicho ministerio en nombre de la Fundación.
Una contratación "ilegal, grosera y arbitraria"
La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, impone a Fernando Villén una pena de tres años y medio de prisión y siete años de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas. Por su parte, Antonio Torres ha sido condenado como cooperador necesario del delito de malversación, además de inhabilitación absoluta durante cuatro años.
Ambos deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con 359.973,51 euros, la cantidad que Torres habría cobrado entre su contratación en 2003 y la extinción de la Faffe en 2011, cuando fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El fallo judicial sostiene que, tras perder la alcaldía de Lebrija en 2003, Torres se dirigió directamente a Villén “pidiendo trabajo”, a lo que este accedió bajo el argumento de que podría ayudar a conseguir financiación. Sin embargo, la Audiencia considera que dicha colaboración era innecesaria, ya que la fundación ya estaba suficientemente dotada con dinero público.
Según los magistrados, Villén creó un puesto "ad hoc" para Torres —Dirección de Relaciones Externas—, sin que existiera dentro del organigrama oficial de la Fundación. El tribunal sostiene que Torres "no acudía a trabajar a la sede", era "desconocido por otros empleados" y realizaba tareas “escasas” desde su domicilio, utilizando correos genéricos como Hotmail o Gmail.
A pesar de contar con "una retribución de más de 40.000 euros anuales"; él ha alegado que cuenta como prueba documental con "26 convenios aportados por la Junta" y en cuya confección ha asegurado haber participado; así como "50 correos verificados" que intercambió con "entidades públicas y privadas" para cosechar fondos o programas para la Faffe.
Torres, en cambio, defiende que acudía “cada 15 días” a la sede, que no necesitaba un despacho y que llegó a captar dos millones de euros en financiación. Alega que su contratación fue fruto de su experiencia como gestor público y niega cualquier trato de favor.
La Audiencia concluye que el contrato fue fruto de una decisión “injusta y arbitraria”, sin respetar los principios de mérito, igualdad y publicidad, en lo que califica como un caso de "enchufismo". Asegura que Torres y Villén actuaron de forma concertada con el objetivo de obtener un beneficio económico personal, desviando fondos públicos en perjuicio de las arcas de la Junta.
"Escasos trabajos desde su domicilio"
"Los escasos trabajos —reducidos a contactar con algún político o autoridad en 10 años que desempeñó las funciones, hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el SAE— los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail", ponen de manifiesto los magistrados; mientras Torres alegaba en el juicio que no necesitaba despacho en la Faffe por su tipo de labor.
Los magistrados consideran en definitiva que la contratación del ex alcalde en la Faffe, "a instancias" de Fernando Villén, "fue por su sola voluntad, amistad y afinidad política, sin valoración o contraste de la aptitud o idoneidad, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad".