La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de prisión para Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La acusación, confirmada por fuentes jurídicas, se basa en un supuesto entramado de facturas falsas que habría servido para defraudar 350.951 euros en el impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2020 y 2021.
El procedimiento se inició tras una inspección de Hacienda realizada en 2022. Un año después, las inspectoras del organismo fiscal entregaron un informe donde se alertaba de irregularidades significativas en las liquidaciones tributarias de González Amador. Ese documento fue el punto de partida para que la Fiscalía presentara una denuncia formal y la jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, abriera causa penal.
Procedimiento abreviado y declaraciones clave
El pasado 29 de mayo, el juzgado transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso anterior al juicio oral, contra González Amador y otras cuatro personas también investigadas por los mismos hechos. En este contexto, la magistrada los imputa por fraude fiscal y falsedad documental, señalando que habrían operado conjuntamente para evitar el pago de impuestos mediante facturas presuntamente ficticias.
Durante la instrucción del caso han declarado, entre otros, las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial y Javier Gómez Fidalgo, abogado experto en fiscalidad que asesoró a González Amador tras la apertura del expediente administrativo. Las diligencias también han incorporado comunicaciones relevantes entre los implicados y sus representantes legales.
Uno de los momentos clave de la investigación fue la propuesta de pacto enviada por Carlos Neira, otro de los abogados del empresario. En esa comunicación, ofreció en nombre de su cliente el reconocimiento de los dos delitos fiscales a cambio de una rebaja de la pena para evitar el juicio. "Reconocía en su nombre los dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena", decía el mensaje filtrado a la prensa.
Esa filtración provocó una crisis institucional y motivó la apertura de una causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido procesado por este asunto. Sus defensores han denunciado que se trata de una persecución injustificada en un contexto de tensión entre instituciones y partidos políticos.
El escrito final de la Fiscalía detalla las penas solicitadas: un año y nueve meses de prisión por el ejercicio fiscal de 2020, en el que se detectó una cuota defraudada de 155.000 euros, y dos años y un día por el ejercicio de 2021, con una cuantía de 195.951 euros. Como atenuante, se considera que el acusado ha reparado el daño al abonar ya las cantidades presuntamente defraudadas. Pese a la gravedad de los delitos, el texto deja abierta la posibilidad de que González Amador acuerde una pena menor si reconoce su culpabilidad antes del juicio.