La 'espantada' de Vox "obliga" al Gobierno andaluz a abonar ayudas a la hostelería y a residencias de mayores

El PSOE saca adelante dos propuestas gracias a la ausencia de la formación de ultraderecha, que deja a PP y Cs sin mayoría suficiente en la Cámara andaluza

El Parlamento de Andalucía, durante la sesión de este jueves.
El Parlamento de Andalucía, durante la sesión de este jueves.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una moción del grupo socialista que "obliga" al Gobierno de la Junta, de PP-A y Ciudadanos, a "evaluar lo ocurrido en las residencias de personas mayores en Andalucía, y a indemnizar a las residencias de mayores con 150 millones de euros por los sobrecostes de personal, recursos y material generado durante la pandemia" de la Covid-19.

Asimismo, la moción insta a la Junta a garantizar las mascarillas gratuitas diarias a través de la tarjeta sanitaria a las personas mayores, según ha informado el PSOE-A en un comunicado. La votaicón ha salido adelante gracias a la ausencia de Vox, cuyos diputados abandonaron enfadados el hemiciclo tras denominarlos Susana Díaz, portavoz socialista, "herederos del franquismo". La portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del grupo parlamentario socialista, Soledad Pérez, ha defendido la iniciativa que obliga al Gobierno andaluz a evaluar el impacto del Covid en 1,5 millones de personas mayores de 65 años, además de garantizar su derecho a tener acceso a la salud.

La moción recoge igualmente una paga única de 300 euros para los pensionistas no contributivos por jubilación, de la que "se beneficiarán 55.000 andaluces, el 80% mujeres, con las rentas más bajas", según subraya el PSOE-A, así como insta a la Junta a dotar a los ayuntamientos de 20 millones de euros para atender a las personas mayores solas; un nuevo programa de alimentación para combatir la pobreza en las personas mayores más vulnerables, así como poner en marcha un paquete de medidas destinadas a potenciar el envejecimiento activo. La iniciativa socialista aprobada por la Cámara contempla igualmente "teleasistencia gratuita para mayores dependientes y personas mayores solas, con ingresos bajos; 700 plazas anuales para residencias, y 20 millones para infraestructuras".

250 millones para la hostelería

El pleno del Parlamento también ha aprobado una proposición no de Ley del PSOE-A en la que se insta a la Junta a "establecer, de manera extraordinaria y urgente, un fondo de ayudas directas y conducentes a la pervivencia de las empresas y autónomos andaluces del sector de la hostelería, con una dotación de al menos 250 millones de euros".

La iniciativa socialista ha sido apoyada por Adelante Andalucía y por diputados no adscrito que pertenecían a ese grupo, mientras que ha sido rechazada por PP-A y Cs. Vox ha estado ausente en la votación. En la iniciativa aprobada se pide que estas ayudas sólo estén "condicionadas y vinculadas al mantenimiento del empleo", y "articuladas antes de la finalización del presente ejercicio presupuestario y no sujeto a la aprobación del próximo presupuesto de la Junta de Andalucía".

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha señalado que "el cierre parcial del sector de la hostelería afectará a más de 300.000 trabajadores, organizados en un escenario de empresas y microempresas que en su inmensa mayoría no superan, las más veces, los cinco trabajadores, incluyendo a los propietarios del negocio".

Ha advertido de que "la reducción de apertura de la hostelería conllevará una pérdida de ingresos y de contracción económica que puede desestructurar el sector y debilitarlo hasta hacer que éste conlleve un efecto arrastre". En este sentido, ha dicho que "el Gobierno andaluz debe articular medidas ágiles, lineales y que resuelvan el hoy, frente a la planificación de un día de mañana que puede que no tenga a quien salvar". Ha acusado al Ejecutivo andaluz de "un proceso de culpabilización de la hostelería como principal foco de contagio y contra el que actuar directamente con limitaciones injustificadas suficientemente", para "desviar la atención de su propia ineficacia en el control y previsión de medidas para atajar la pandemia".

En el turno de posicionamiento de los otros grupos, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha defendido la labor de los trabajadores autónomos y que el Gobierno de PP-A y Cs no sólo les respalda "con palabras, sino con dinero", con más de 600 millones de euros en el plan de ayudas para dicho colectivo y para pymes que ha presentado esta semana la Junta, y que supone "el doble de todo lo que han puesto las demás comunidades autónomas juntas", según ha puesto de relieve.

Además, ha contrapuesto los 223 millones de euros en ayudas directas que contempla dicho plan frente a los "cero euros" que ha puesto el Gobierno de España. Por parte de Ciudadanos, el parlamentario Raúl Fernández ha defendido también el referido plan de ayudas para pymes y autónomos firmado esta semana por la Junta y dotado con más de 600 millones de euros, que es "casi el triple" de lo que pide el PSOE-A en ayudas directas en su PNL, según ha puesto de relieve antes de señalar, por ello, que la iniciativa socialista llega "tarde y se queda absolutamente corta", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno andaluz es perfecto conocedor de "lo mal que lo están pasando hosteleros o comerciantes" en esta pandemia por las restricciones que se están adoptando.

El diputado de Adelante Guzmán Ahumada ha manifestado que todas las medidas que lleve cabo la Junta tienen que servir para salvar a las empresas y el empleo, y no se entiende cómo en las "pocas iniciativas que ha habido" para intentar mantener a las empresas, "nunca ha habido un trámite en el que se pudiera valorar cuál era el impacto que había sobre el empleo".

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