La Fiscalía de Sevilla ha comunicado que enviará a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) las diligencias de investigación incoadas contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, por un presunto delito de odio a cuenta de la denuncia que presentó Podemos Andalucía. Monasterio protagonizó, durante la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre, un acto a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (Mena) de la capital hispalense.
La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado que seguirán luchando "contra el odio y la ultraderecha desde todos los ámbitos". En un comentario publicado en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, Teresa Rodríguez celebra que "la Fiscalía abre investigación contra Rocío Monasterio" gracias a la denuncia de Podemos, lo que achaca a que "han visto claro el contenido racista y xenóbofo contra los menores no acompañados". "Vamos a seguir luchando contra el odio y la ultraderecha desde todos los ámbitos", apostilla.
En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de la confluencia y también dirigente de la fuerza morada, Ángela Aguilera, asegura que "en las calles, en las instituciones y en la Justicia: en todos lados lucharemos contra la ultraderecha". Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía General del Estado, aunque en estos momentos "las diligencias no se han recibido", sí ha existido esa comunicación y será la Fiscalía del Supremo la que estudiará si hay indicios o no de delito de odio en sus palabras.
El pasado mes de noviembre la Fiscalía de Sevilla abrió las citadas diligencias y concretaron en aquellas fechas que, en caso de que prosperara, se tendría que elevar el asunto a la Fiscalía Superior de Madrid dado que Monasterio está aforada.
Monasterio es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y sus miembros están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no obstante el artículo 11.6 del Estatuto de Autonomía atribuye la competencia al Supremo al recoger que "fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
El mismo día en que Monasterio se personó en el referido centro para denunciar la "inseguridad" y "graves problemas" que, a su juicio, generan estos menores; Teresa Rodríguez anunció la querella que admitió el Ministerio Público entendiendo que las expresiones de la dirigente de Vox podrían ser constitutivas de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal, solicitando la apertura de estas diligencias para que se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias "para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores".
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