política

El exconsejero por el PSOE de la Cámara de Cuentas irá a los tribunales: "Fui elegido por una mayoría y cesado por una persona"

La presidenta del Parlamento acordó su destitución por incompatibilidades sobrevenidas que el afectado rechaza

  • Antonio López, en su época de presidente de la Cámara de Cuentas.

El expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio Manuel López Hernández ha anunciado que llevará a los tribunales su cese como consejero del organismo fiscalizador, acordado por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre. La decisión, efectiva desde este martes, se fundamenta en seis supuestas incompatibilidades detectadas durante el ejercicio de su cargo. López, que asesoró como perito a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, rechaza la destitución y acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Considera que el procedimiento podría vulnerar las garantías legales que protegen la independencia de los consejeros.

El antiguo responsable del órgano fiscalizador ha expresado, en un comunicado remitido a Europa Press, su "más absoluto rechazo a una decisión que, desde un punto de vista jurídico, podría constituir una actuación de extraordinaria gravedad, contraria a las garantías legales que protegen la independencia de los miembros de esta institución".

Seis incompatibilidades y unos ingresos de 137.000 euros

Según la documentación consultada por Europa Press, la Cámara de Cuentas identificó seis situaciones de incompatibilidad, cada una de las cuales considera suficiente para justificar el cese. López está investigado por realizar trabajos paralelos sin conocimiento de la institución y declaró ingresos de 137.000 euros en 2025, superiores a su remuneración pública con dedicación exclusiva. Entre las actividades examinadas figura su labor docente en la Universidad de Granada, que, según el expediente, desarrolló sin solicitar previamente la autorización del Pleno.

El procedimiento comenzó a finales de mayo. López presentó alegaciones el 22 de julio de 2026 y pidió su archivo, defendiendo el carácter académico o científico de sus actividades. Finalmente, el Pleno cerró el expediente el 9 de octubre y trasladó su acuerdo a la Presidencia del Parlamento, que formalizó el cese.

La controversia también afecta al procedimiento seguido. López, reelegido consejero en 2021 a propuesta del Grupo Socialista, cuestiona que la decisión haya sido ejecutada sin consultar al Parlamento. "Lo que ha ocurrido es difícil de comprender en un Estado de derecho: fui elegido consejero por una mayoría cualificada del Parlamento andaluz y he sido cesado por la decisión de una sola persona, su presidenta, sin que el Pleno del Parlamento haya podido siquiera pronunciarse", sostiene.

Además, recuerda que el acuerdo recibió cuatro votos de los siete consejeros, correspondientes a los propuestos por PP y Vox. El expresidente considera que "todo hace pensar que estamos ante una posible extralimitación competencial de tremenda gravedad" y advierte del precedente institucional que podría sentar esta interpretación. Por ello, solicitará al TSJA "la tutela de mis derechos y la revisión de las decisiones adoptadas, incluida, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que procedan".

El expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio Manuel López Hernández ha anunciado que llevará a los tribunales su cese como consejero del organismo fiscalizador, acordado por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre. La decisión, efectiva desde este martes, se fundamenta en seis supuestas incompatibilidades detectadas durante el ejercicio de su cargo. López, que asesoró como perito a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, rechaza la destitución y acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Considera que el procedimiento podría vulnerar las garantías legales que protegen la independencia de los consejeros.

El antiguo responsable del órgano fiscalizador ha expresado, en un comunicado remitido a Europa Press, su "más absoluto rechazo a una decisión que, desde un punto de vista jurídico, podría constituir una actuación de extraordinaria gravedad, contraria a las garantías legales que protegen la independencia de los miembros de esta institución".

Seis incompatibilidades y unos ingresos de 137.000 euros

Según la documentación consultada por Europa Press, la Cámara de Cuentas identificó seis situaciones de incompatibilidad, cada una de las cuales considera suficiente para justificar el cese. López está investigado por realizar trabajos paralelos sin conocimiento de la institución y declaró ingresos de 137.000 euros en 2025, superiores a su remuneración pública con dedicación exclusiva. Entre las actividades examinadas figura su labor docente en la Universidad de Granada, que, según el expediente, desarrolló sin solicitar previamente la autorización del Pleno.

El procedimiento comenzó a finales de mayo. López presentó alegaciones el 22 de julio de 2026 y pidió su archivo, defendiendo el carácter académico o científico de sus actividades. Finalmente, el Pleno cerró el expediente el 9 de octubre y trasladó su acuerdo a la Presidencia del Parlamento, que formalizó el cese.

La controversia también afecta al procedimiento seguido. López, reelegido consejero en 2021 a propuesta del Grupo Socialista, cuestiona que la decisión haya sido ejecutada sin consultar al Parlamento. "Lo que ha ocurrido es difícil de comprender en un Estado de derecho: fui elegido consejero por una mayoría cualificada del Parlamento andaluz y he sido cesado por la decisión de una sola persona, su presidenta, sin que el Pleno del Parlamento haya podido siquiera pronunciarse", sostiene.

Además, recuerda que el acuerdo recibió cuatro votos de los siete consejeros, correspondientes a los propuestos por PP y Vox. El expresidente considera que "todo hace pensar que estamos ante una posible extralimitación competencial de tremenda gravedad" y advierte del precedente institucional que podría sentar esta interpretación. Por ello, solicitará al TSJA "la tutela de mis derechos y la revisión de las decisiones adoptadas, incluida, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que procedan".

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