La previa a los plenos del Parlamento andaluz ha vuelto a centrarse en la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos, adelantando lo que será el tono de las dos sesiones, desde la tarde de del miércoles hasta bien entrado el jueves. Y lo que está claro es que la vivienda centrará buena parte de ese debate, en alusiones directas o indirectas, esté o no incluido en los puntos del orden del día. Porque el caso de Maricarmen y las acampadas que empiezan a producirse en capitales andaluzas denotan que es un problema enorme que estaba soterrado por otros asuntos. Será el gran campo de batalla de la semana y puede que marque el devenir político, porque parece que algo ha hecho 'clic' en la sociedad.

En este tema de vivienda, el PSOE denuncia que la Junta ha dejado 1.600 millones de euros sin ejecutar en políticas de vivienda entre 2019 y 2025 desde que llegó el PP al poder. Del otro lado, la receta del socio de Gobierno para los populares andaluces es mucho más radical: deportar migrantes. 

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha puesto el foco directamente sobre la gestión de Juanma Moreno y la falta de políticas públicas, ha dicho. Según los cálculos de los socialistas, esa cantidad corresponde a recursos no ejecutados dentro de la partida presupuestaria 43A. "Desde el año 2019 al 2025 hemos hecho el cálculo y en el apartado presupuestario, la partida presupuestaria 43A en política de vivienda. 1.600 millones de euros sin ejecutar. ¿Y habla de gestión? Lo que hay que decirle es que hace falta ideología y gestión, las dos cosas".

El PSOE sostiene además que en Andalucía existen 110.000 demandantes inscritos en los registros municipales de vivienda a los que no se da respuesta. Márquez ha reclamado una mayor intervención pública y una mejor utilización de los recursos procedentes tanto de fondos europeos como del Gobierno de España.

La apuesta de la derecha, denuncian los socialistas, es el dejar hacer por el mercado, la perspectiva liberal, "la ley de la selva, sin control, sin intervención". Para la dirigente socialista, el debate enfrenta dos modelos. "Aquí solo hay dos opciones para elegir: o se está con los buitres o se está con la gente. O se está con los buitres o se está con los andaluces. O se está con los buitres o se está con las familias trabajadoras".

Vox vincula la vivienda con la inmigración

Por parte de Vox, en cambio, Javier Cortés ha dicho que la propuesta de dos decretos aprobados por el Gobierno -y que requieren de convalidación es el Congreso- son una "farsa". Y que la clave está en el aumento de población migrante. "Ocho años de gobiernos en los que han entrado ocho millones de inmigrantes en España y que lo ha colapsado todo, y cualquier análisis que se haga en España sobre la vivienda y no tenga en cuenta la inmigración es una farsa y una mentira". Todo cuando es sabido que casi la mitad de los empleados de la construcción son extranjeros.

El portavoz de Vox, en cualquier caso, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez de ha decidido "priorizar a Mohammed antes que a Maricarmen". La otra lectura no es que no funcionen, es que además, dice Vox, la norma en marcha puede afectar negativamente a pequeños propuetarios. Según Cortés, las medidas provocarán que haya menos viviendas disponibles y que aumenten las exigencias a los inquilinos. Frente a ese modelo, Vox ha reivindicado el acuerdo alcanzado con el PP andaluz para construir 20.000 viviendas en cuatro años y las rebajas fiscales previstas para 2027, de las que, según afirmó, se beneficiarán 147.000 andaluces.

La izquierda también se divide

El resto de portavoces han mostrado posturas dispares. Hay una izquierda a la izquierda del PSOE que no pertenece a la coalición de Gobierno y otra izquierda que sí. Adelante Andalucía ha calificado de "tomadura de pelo" las propuestas contenidas en los dos decretos y considera que el Gobierno central "se pone al servicio de los grandes propietarios". La parlamentaria Mari García ha cuestionado especialmente que algunas medidas tengan fecha de caducidad. Por ejemplo, la protección frente a los desahucios que se mantiene hasta 2030 y la prohibición planteada para determinadas compras de fondos buitre hasta 2028.

Adelante también ha responsabilizado, eso sí, a la Junta de la situación. En Andalucía se producen siete desahucios diarios y existen 640.000 viviendas vacías en manos de fondos buitre, según los datos ofrecidos por Adelante. A eso no se responde, ha denunciado.

Por Andalucía, sin embargo, salió en defensa de los decretos. Antonio Maíllo los ha definido como el primer paso de una batalla por la vivienda y con medidas como la paralización de desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones o la prórroga automática de contratos.

El dirigente de IU ha cargado además contra otros partidos de izquierda críticos con las medidas. "No han sufrido nunca esta situación y le dan la lección a los demás de cómo tienen que comportarse cuando están amenazados por alquileres que no pueden pagar o desahucios que están amenazados".