El PSOE defiende que la situación de Juan Carlos I "no afecta al actual monarca" en su visita a Pico Reja

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado que el Ejecutivo central colaborará con estos trabajos de exhumación en la fosa con "algo más de un cuarto de millón de euros"

Carmen Calvo, Juan Espadas y el resto de la comitiva en Pico Reja. Foto: Ayuntamiento de Sevilla
Carmen Calvo, Juan Espadas y el resto de la comitiva en Pico Reja. Foto: Ayuntamiento de Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a colaborar económicamente en los trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja, ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla, aportando "algo más de un cuarto de millón de euros".

Así lo ha avanzado Calvo, en declaraciones a los periodistas, en el marco de la visita que ha realizado a la referida fosa, "seguramente la más simbólica de lo que representó la represión más sangrienta, absolutamente sin sentido, contra la sociedad que luchaba contra el fascismo; líderes políticos y sociales que hicieron frente desde el primer momento a lo que fue un golpe contra nuestra democracia y nuestro orden constitucional".

Han acompañado a Calvo durante su visita el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo, integrantes del equipo de trabajo, familiares de las víctimas y asociaciones memorialistas.

"Esta fosa no solo nos obliga a todos a trabajar de manera cooperativa y leal por la dignidad de nuestra democracia, también hay que agradecer a las familias que durante tantos años, en silencio, han esperado que el Estado respondiera al derecho principal y humano de poder identificar a tus familiares, restituirle el honor y tener la memoria de su propia familia en paz", ha señalado Carmen Calvo.

La vicepresidenta ha incidido en que la fosa de Pico Reja "significa que para poder mirar hacia el futuro, en una gran democracia como la nuestra, tenemos que tener ordenado nuestro pasado, sobre el que todavía hay que arrojar mucha verdad y mucha luz" porque, a su juicio, "trabajar intensamente para que las personas más mayores puedan terminar sus vidas viendo que sus familiares han sido identificados".

"La memoria democrática no es un espacio para la discusión ni para la optatividad, es una gran obligación de todos", ha proseguido Carmen Calvo, que cree que esta política es "obligación de Estado, una acción publica que entronca con derechos humanos" mientras que "quienes no la compartan, tendrán explicaciones".

Así las cosas, la vicepresidenta ha agradecido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, su implicación con este asunto y que "en todo momento ha pedido al Gobierno lo que corresponde: colaboración, como tienen también la Diputación de Sevilla y la Junta".

Por tanto, ha avanzado que el Ejecutivo central colaborará con estos trabajos de exhumación con "algo más de un cuarto de millón de euros" y ayudar así "a ir descubriendo con identificación de ADN lo que es una terrible fosa común de desaparecidos, que fueron fusilados, perseguidos y pagaron con sus vidas por una España libre, constitucional y democrática".

Trabajo en la fosa

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el proyecto de Pico Reja cuenta con un presupuesto 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años, y se desarrolla sobre una superficie de 672 metros cuadrados ubicada en el cementerio de San Fernando que había sido señalizada y localizada previamente.

La intervención, coordinada desde la Oficina de memoria histórica del Ayuntamiento, se encuentra aproximadamente con un 18 por ciento de los trabajos ya realizados. Durante este periodo se han localizado restos de 950 personas de las que unas 167 tienen indicios claros de ser represaliados. De hecho, se han localizado ya enterramientos con indicios claros de violencia como roturas perimortem, ataduras en las muñecas y orificios de proyectiles. De acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de Memoria histórica y democrática de Andalucía, estos hallazgos se han notificado a la Policía Nacional.

Según los hallazgos detectados durante la investigación, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún respeto y en posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 36, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Concretamente, se siguieron produciendo en los años 40 usando esta misma fosa y el mismo espacio. Aún se está en proceso de evaluar cuántas personas de esa década fueron arrojadas en esta fosa y su procedencia.

El Ayuntamiento subraya que la realidad de esta fosa convierte este proceso de intervención y exhumación probablemente en el proyecto más complejo de estas características que se ha desarrollado en todo el país debido a la coincidencia en un mismo espacio de restos de personas represaliadas, de osarios e incluso de ataúdes de distintas épocas, lo que dificulta todo el trabajo de identificación y exhumación de los restos humanos.

Todo este proyecto, bajo la coordinación de la oficina de memoria histórica dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y coordinación de distritos se está realizando en contacto permanente con los familiares de las víctimas. De hecho, antes de proceder al inicio de los trabajos ya se habían tomado más de 270 pruebas de ADN de familiares con el objetivo de identificar a las personas que están enterradas en la fosa.

Fondos y fases

La licitación de este contrato la realizó el Ayuntamiento por 1,1 millones de euros. No obstante, posteriormente se suscribieron convenios de colaboración con la Junta y la Diputación que aportaron 265.000 euros cada una de ellas a este proyecto, a los que se sumaría ahora el Gobierno central, según ha anunciado Carmen Calvo.

El proyecto se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen: la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados (la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados o represaliadas); exhumación (identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto); antropología forense (es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías); análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.

La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista. Y la última fase será el destino final de los restos.

Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados, se respetará en todo momento el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro. Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa de Pico Reja.

Casa Real y rey emérito

En el mismo acto, Calvo, ha manifestado este viernes que el rey emérito Juan Carlos "ya no está en la vida pública" y su "pasado" "nada afecta a la actividad del actual jefe del estado, el Rey Felipe VI, con el que el Gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras realizar una visita a la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, Calvo, preguntada sobre los asuntos que han salido a la luz en relación con don Juan Carlos, ha manifestado que el asunto del rey emérito "compete a la Casa Real", ya que estamos en una monarquía parlamentaria y el Gobierno no otorga el título de Rey, sino que asume constitucionalmente y de una manera absolutamente firme, leal y plenamente legal que nuestra jefatura del estado tiene forma de monarquía parlamentaria".

Ha señalado que el rey emérito "ya no está en la vida pública ni recibe fondos públicos" y estamos hablando de una situación que tiene que ver con el "pasado" del jefe del estado anterior y que "nada afecta a la actividad del actual jefe del estado, el Rey Felipe VI, con el que el Gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca".

Asimismo, ha puesto el acento en que estamos viendo al Rey Felipe VI realizando visitas a las comunidades autónomas "muy cercanamente" para ver de primera mano a un país que ha sufrido mucho y sigue sufriendo por la crisis sanitaria del coronavirus.

"En este momento, estamos absolutamente en coordinación con la Jefatura del Estado para sacar adelante las tareas cotidianas de la gobernanza y las que no son cotidianas, como las que tienen que ver con el Covid-19", según Calvo, quien ha insistido en que los reyes están obteniendo de manera muy cercana la información de lo que la sociedad está atravesando en estos momentos.

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