El PP se atribuye el mérito del final del peaje de la autopista entre Cádiz y Sevilla

La diputada María José García-Pelayo asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy fue quien determinó que no se prorrogaría el contrato con la concesionaria más allá de 2019

Un coche cruza el peaje de la AP-4, antes de su eliminación.
Un coche cruza el peaje de la AP-4, antes de su eliminación.
El Partido Popular, a través de la diputada nacional María José García-Pelayo, felicita el nuevo año 2020 con el final del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla y que afecta a millones de trayectos al año y a la economía de miles de pequeños y medianos empresarios y autónomos. El PP califica este hecho como un hito que ha sido una histórica reivindicación del PP de Jerez y de Cádiz pero también un firme compromiso del PP de España que "fue, con Mariano Rajoy al frente, quien determinó que el peaje no se prorrogaría más allá del 31 de diciembre de 2019". García-Pelayo asegura que tanto el propio Rajoy como los ministros de Fomento, Ana Pastor y Gómez de la Serna, ya anunciaron años atrás el final de este peaje que hace justicia con una provincia que lleva 46 años pagando por poder salir o entrar dirección Sevilla. Los populares consideran que no hay mejor manera de comenzar el año que con la eliminación del peaje a partir de este próximo 1 de enero, de las pocas cosas programadas por el PP que el PSOE ha dejado en pie. Asimismo, la diputada nacional del PP reclama al Gobierno celeridad en el desdoble de la N-IV que, desde la entrada en Moncloa de Pedro Sánchez no ha sufrido sino retrasos y recortes. “Estaremos vigilantes en que esta infraestructura no siga paralizándose como también lo estaremos con que se cumpla el compromiso de subrogación de los trabajadores del peaje que fijó el Ministerio de Fomento”.

"Por fin vamos a liberarnos de un agravio histórico"

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha saludado la inminente finalización del peaje que grava el tránsito de vehículos por la autopista que discurre entre Jerez de la Frontera y la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, programado para las 0:00 horas del próximo 1 de enero de 2020. “Por fin, después de 50 años de una concesión que ha venido penalizando el tráfico de bienes, servicios y personas con origen o destino en nuestra provincia, vamos a liberarnos de un agravio histórico para nuestro desarrollo socioeconómico”.

Irene García ha recordado cómo hasta tres prórrogas distintas respecto a la concesión inicial, “han prolongado más allá de lo razonable la existencia de un peaje que no solo ha supuesto un lastre económico para multitud de actividades económicas e incluso para el bienestar de los propios ciudadanos de esta provincia, sino que nos ha venido alejando, tanto en forma de costes materiales como en el propio subconsciente de la sociedad gaditana, con los grandes ejes de desarrollo europeo”.

En este sentido, Irene García ha mostrado su “agradecimiento y sensibilidad” al Gobierno de la nación que, aun en funciones, “ha sido capaz de responder al compromiso manifestado ya hace muchos meses, una firmeza que contrasta con la indefinición que mostraron anteriores responsables de otros ejecutivos, que jamás fueron capaces de mantener un discurso firme en torno a la finalización del peaje, de la misma forma que, en otras comunidades autónomas, prefirieron repercutir sobre el conjunto de la ciudadanía el ruinoso e inexplicable negocio que mantenían nuevas concesionarias que se beneficiaban de infraestructuras modernas y estratégicas”.

La presidenta ha destacado el “papel preponderante” que la Diputación ha venido manteniendo en demanda de la eliminación del peaje, “de forma especialmente reivindicativa”. Así, ha repasado que “a lo largo de los años, abundan los plenos en los que se han adoptado declaraciones y manifiestos reclamando la liberación de la autopista; una exigencia que jamás se situó en términos de confrontación política o institucional, sino que siempre ha contado con el respaldo del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Cádiz, nacido del consenso de instituciones públicas, Confederación de Empresarios y sindicatos”.

“Un pleito, promovido precisamente por la Diputación de Cádiz frente a la prórroga adoptada por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en 1997, fue tal vez la principal iniciativa frente al agravio que estamos a punto de ver finalizar. Aquel recurso judicial, planteado ante el Tribunal Supremo, se basaba tanto en argumentos de fondo como de forma, entre ellos un supuesto enriquecimiento injusto de la concesionaria, considerando las sucesivas prórrogas concedidas”, ha rememorado la presidenta. Sin embargo, según su propio relato, “ya en 2003, el Alto Tribunal desestimó aquel recurso, con lo que nos hemos visto abocados a agotar esta prórroga a la que ahora pone fin definitivamente el Gobierno de la nación”.

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