Entre los efectos inmediatos del cambio político en Andalucía está el recorte de los 27.297 trabajadores —personal laboral, no funcionarios— del total de 270.094 que forman el sector público andaluz y que dependen de los diferentes entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Después de una reducción en unos cien organismos, agencias y empresas públicas durante los años más duros de la crisis, aún operan 201 "chiringuitos" en la comunidad autónoma que el Gobierno de PP y Cs piensa dejar reducidos a su mínima expresión.
Aún más obligado, en cuanto Juanma Moreno sea investido presidente el próximo 16 de enero, será el 'ERE' político que sufrirá el Gobierno andaluz tras 36 años ininterrumpidos de mandato socialista. Uno de los 'afectados' por la regulación de empleo que provoca el relevo en el Palacio de San Telmo escribía, a modo de despedida: "Hoy es un día muy triste para mi tierra, Andalucía. Hoy las derechas ríen, las cunetas lloran, una vez más. Solo pido que no olvidemos ni un minuto de lo que estamos viviendo para que cuando llegue el momento de volver devolvamos a nuestra tierra el tiempo perdido. Orgulloso del trabajo realizado".
Solo en la provincia de Cádiz, una veintena de altos cargos del PSOE en la Junta se preparan para meter sus cosas en una caja y volver a sus puestos de trabajo previos a la política o, en muchos casos, inscribirse en la lista del paro. Con su partido desahuciado del Gobierno andaluz, muchos de estos políticos profesionales se quedan en la calle, sin ni siquiera opciones de seguir como parlamentarios andaluces y, por tanto, cobrando de las arcas públicas. El hasta ahora vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica, el chiclanero Manuel Jiménez Barrios, que pese a llevar prácticamente toda la vida en política (tres décadas en total), aún parece que aguantará una legislatura más aferrado al sillón bajo su condición de parlamentario. Otro como Miguel Ángel Vázquez, hasta ahora consejero de Cultura y que se quedó fuera del Parlamento andaluz al concurrir como número 5 por la provincia, aspira a un movimiento en el Senado que le mantenga en la primera línea política.
El actual delegado del Gobierno en Cádiz, Juan Luis Belizón, volverá a dar clases en un instituto, mientras que el futuro de su antecesor en el cargo, Fernando López Gil, aún es una incógnita
Y otros, como la mano derecha en la Junta de Jiménez Barrios, el hasta ahora viceconsejero Fernando López Gil —que también fue delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz—, no tendrán tanta suerte y todas las fuentes del partido consultadas en la provincia apuntan a que le tocará buscar trabajo. Su sucesor en el cargo a nivel provincial, Juan Luis Belizón, ya ha confirmado que volverá a su puesto como docente del IES Poeta García Gutiérrez, en Chiclana, mientras que otro peso pesado de la estructura administrativa que hasta ahora funcionaba alrededor de Jiménez Barrios, el jerezano Juan Pedro Crisol, abandonará su puesto como jefe de gabinete en Presidencia y volverá a su puesto como abogado en la Junta.
Con el cambio de Gobierno, también serán cesados en sus puestos los siete delegados territoriales que tiene actualmente la Junta en la provincia: José Manuel Miranda (Agricultura y Pesca), Gema Pérez (Empleo), Remedios Palma (Educación), Ángel Acuña (Medio Ambiente), Federico Fernández (Fomento y Vivienda), Manuel Herrera (Salud y Políticas Sociales) y Daniel Moreno (Cultura, Turismo y Deporte). Idéntica suerte correrán el subdelegado del Gobierno andaluz en la comarca del Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, y los coordinadores provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Josefa Moreno y Mila Gordillo, respectivamente.
Hay una lista casi interminable de personal de confianza, asesores a dedo, responsables de prensa y demás, pero de la segunda fila de la Junta en Sevilla o Cádiz también saldrán otros altos cargos gaditanos, en muchos casos hijos de históricos del socialismo andaluz que prácticamente habían accedido a los puestos por herencia familiar, como Rafael Márquez (actual secretario general de Ordenación del Territorio), Francisco Pacote Pizarro (director general del Instituto Andaluz de la Juventud), Raúl Perales (director general de Comercio), Cristina Saucedo (secretaria general de Cultura), y Ainhoa Gil (coordinadora de Voluntariado). A ellos se sumarán con toda probabilidad las salidas de los curtidos socialistas José Luis Blanco y Manuel Morón, quienes en los últimos años venían ostentando la presidencia de las autoridades portuarias de la Bahía de Cádiz y de la Bahía de Algeciras, respectivamente.
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