El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, ha presentado este jueves un escrito ante el Tribunal Supremo para solicitar la “inmediata puesta en libertad” de su cliente, el exsecretario de Organización del PSOE. El recurso responde a la decisión del magistrado Leopoldo Puente, quien ordenó el pasado lunes su ingreso en prisión provisional por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.
Según el juez instructor, existen “notabilísimos indicios” de la participación de Cerdán en una supuesta trama corrupta vinculada al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, basada presuntamente en el amaño de contratos de obra pública a cambio de comisiones. Pero para la defensa, la resolución no se sustenta en pruebas sólidas y persigue “investigar para ver si aparece un indicio” incriminatorio.
Salellas denuncia además un "grave agravio comparativo", señalando que Cerdán es el único investigado en prisión provisional, mientras el resto —Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama— se encuentran en libertad. “No queremos finalizar sin destacar el grave agravio comparativo que se produce”, reza el escrito presentado ante el alto tribunal.
La defensa acusa al juez de parcialidad e interpretación sesgada
A lo largo del recurso, el letrado sostiene que el magistrado se excedió en la aplicación de una medida que, por ley, debe ser excepcional. Acusa a Puente de actuar con una mirada “inquisitiva” y de ignorar por completo las explicaciones ofrecidas por Cerdán en su comparecencia judicial, basándose en una presunción de culpabilidad en lugar de inocencia.
Durante su declaración, Cerdán negó tajantemente haber influido en la adjudicación de obras públicas, haber cobrado comisiones o haber gestionado mordidas para el PSOE o sus antiguos compañeros de partido. Salellas critica que el juez aceptara sin filtro el informe de la UCO del 5 de junio, que señalaba por primera vez al exdirigente socialista.
La defensa también resta valor a los indicios relacionados con la empresa Servinabar, considerada clave en la vertiente navarra de la trama. En el registro de un empresario vinculado se halló un documento que otorgaba a Cerdán un 45% de participación en 2016. Sin embargo, el abogado insiste en que era un simple borrador nunca formalizado y que fue destruido cuando el político decidió continuar su carrera institucional.
Dudas sobre los audios de Koldo y la actuación policial
Una de las piezas clave en la imputación de Cerdán son los audios grabados por Koldo García durante al menos cinco años. Estos archivos, hallados por la Guardia Civil, apuntan a supuestas conversaciones comprometedoras. Pero la defensa cuestiona su veracidad y cadena de custodia, calificando su obtención como “fragmentaria” y su conservación como “rodeada de especiales circunstancias”.
Salellas llega a insinuar que Koldo, además de grabarse a sí mismo mientras planteaba propuestas delictivas, ha sido “colaborador habitual de la Guardia Civil”, condecorado e incluso indultado en el pasado. “No son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para acordar una prisión provisional”, argumenta el recurso, que tilda la investigación de “prospectiva” y sin base indiciaria sólida.
Por último, la defensa critica que el juez se escudara en un supuesto “riesgo cierto de destrucción de pruebas” para justificar la reclusión de Cerdán, sin concretar qué evidencias estarían en peligro. Incluso ironiza sobre la “creatividad judicial” del magistrado al estimar que los implicados obtenían un 1% del importe adjudicado en comisiones: “Nada hay en la causa que permita establecer este porcentaje. De hecho, ni este ni ninguno”.