La consejera de Fomento, Marifrán Carazo (PP), ha expresado hace unos días la "oposición frontal" de la Junta de Andalucía al "intervencionismo en el mercado inmobiliario, que es propio de un gobierno comunista" y "no es la solución" al problema del alquiler de viviendas.
Carazo, curiosamente, es una de los casi 80 beneficiarios de la Junta de Andalucía que cobran las polémicas pagas extra mensuales a los altos cargos por las llamadas por el PP (cuando estaba en la oposición) casas gratis, en su caso más de 1.200 euros —1.286,39 euros al mes—. En cambio, se ha referido al acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que limitará, y eventualmente bajará, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionadas, y que ha permitido cerrar un acuerdo entre ambas formaciones en el Gobierno para los Presupuestos de 2021.
Esa solución de "intervención y control de precios en el mercado de la vivienda ha fracasado en países europeos, ha generado fraude, una elevación de precios del alquiler y una menor oferta", ha alegado la consejera.
A todo esto, en declaraciones recogidas por EFE, ha abogado por fomentar la construcción de nuevas viviendas a precios asequibles para los jóvenes "de la mano de los ayuntamientos y de la iniciativa privada" como ha hecho el Gobierno andaluz, que en los casi dos primeros años de legislatura ha ayudado a la ejecución de más de 2.000 viviendas para favorecer el mercado del alquiler.
Asimismo, Carazo ha pedido al Gobierno que convoque la conferencia sectorial de vivienda, urbanismo y suelo para tratar este asunto de los precios del alquiler.
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