Juan Francisco Trujillo, ex chófer del antiguo director general de la Junta de Andalucía (Francisco Javier Guerrero) está desaparecido. La abogada encargada de su defensa por su supuesta implicación en el caso ERE, por las ayudas de 1,47 millones que concedió Guerrero a empresas administradas por el propio Trujillo, conocido como el "chófer de la coca", porque admitió que compraba cocaína, copas y regalos para su exjefe, fallecido en octubre de 2020.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre de este año, el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte del dinero habría ido supuestamente destinado a la compra de cocaína, copas y antigüedades.
De cara al juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, "personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado" al primero, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".
Estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, "sin que conste ninguna solicitud de ayuda" por parte de ambas empresas y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.
En ambos casos, y "para poder allegar" los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, "a sabiendas de su falsedad", se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.
Asimismo, señala que Guerrero y Trujillo, "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".
De este modo, y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA. Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello".
La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".
Según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca. De su lado, y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero "recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína" por parte de su chófer", todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".
La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos "supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L --ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis--, sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades".
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