El exministro José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama han comparecido ante el Tribunal Supremo para la vista preliminar del llamado 'caso mascarillas', que investiga presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos durante la pandemia. La petición de penas varía: si para Aldama la Fiscalía solicita no menos de siete años de cárcel, para Ábalos se va hasta los 24 años y en el caso de Koldo sería de 19 años. La acusación particular (el PP) eleva la petición de penas hasta los 30 años para Ábalos y Koldo.
La defensa de los dos primeros trabaja con la idea de que esta sea la primera y última vez que comparezcan ante este Tribunal. El sentido de esta vista es que la defensa de los acusados exponga su criterio respecto a determinadas cuestiones procesales, empezando por la competencias del propio órgano judicial y también sobre si se han vulnerado derechos fundamentales de los encausados.
La defensa de ambos solicitó la recusación de cinco de los magistrados –cinco de nueve– que juzgarán la causa, al entender que podrían no ser imparciales, petición que fue desestimada. En el transcurso de la vista, la defensa de Ábalos, por ejemplo, ha explicado que la falta de ingresos en la que quedó el acusado tras ser suspendido por el Congreso de los Diputados fue lo que le obligó a renunciar a su acta de diputado, no una voluntad de dilatar en el tiempo el procedimiento. El hecho de que Ábalos haya dejado de ser diputado y, en consecuencia, aforado, también se esgrimió por parte de la defensa para que la causa 'salga' del Supremo, en principio también sin éxito. Su abogado asimismo expuso que, a día de hoy, tampoco ha podido acceder a determinado material, que ha solicitado en distintas ocasiones, por la sencilla razón de que todavía lo está analizando la UCO de la Guardia Civil.
La abogada de Koldo también se ha manifestado a favor de que sea un jurado el que juzgue su caso e incluso pide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclare si el juicio debe ser en el Supremo. La defensa entiende que la malversación o el tráfico de influencias son delitos que perfectamente pueden se juzgados por un jurado. El fiscal se opone porque entiende que la investigación de estos delitos surge primero en la Audiencia Nacional, un órgano judicial en el que tampoco se contempla la celebración de juicios bajo ese método.
Aldama: ¿conformidad o solo colaboración?
Otra cosa es lo que ocurra con Víctor de Aldama que, aunque con cargos, está en libertad casi desde el principio. ¿Pacto de conformidad o simple colaboración a cambio de atenuantes? La Fiscalía ha negado el primer extremo y han circunscrito la colaboración que viene manteniendo con el encausado a que se contemplen una serie de atenuantes en caso de que finalmente haya una eventual condena, claro está. El fiscal afirma que la petición de pena es menor por la sencilla razón de que los cargos contra Aldama son menores respecto a Koldo y Ábalos.
El juicio oral comenzará previsiblemente en abril, tal vez en mayo. Es evidente que este juicio a uno de los principales colaboradores del presidente Sánchez, caso del exministro Ábalos –y esté acusado también Koldo, uno de sus incondicionales en el llamado grupo del Peugeot– va a mediatizar el debate de la política nacional en los próximos meses. El propio hecho de que el PP esté en la acusación particular y califique a los acusados como "grupo organizado para delinquir", a buen seguro que va a seguir dando titulares. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha definido a Ábalos como "el estratega clave tanto del PSOE como en el Gobierno", por lo que criticó en su momento que Sánchez se refiriera a él como alguien a quien apenas conoce. Además, hay que tener en cuenta que con el calendario que se baraja el juicio podría perefectamente coincidir con la campaña electoral de las autonómicas andaluzas.