El pasado diciembre llegó al Ayuntamiento de Bormujos, en el Aljarafe sevillano y gobernado por la popular Lola Romero junto con Vox, una providencia del Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla en la que, entre otras cosas, se pedía que dicho Consistorio facilitara la dirección postal del anterior alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina Haro, para que pudiese comparecer en calidad de testigo en el procedimiento abreviado 170/2022.
Un caso por el que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber abonado a los funcionarios la paga extra que el Gobierno de Mariano Rajoy retiró en el año 2012, aunque oculta en "productividades injustificadas".
A fecha de hoy, y previa consulta al propio Francisco Molina Haro, éste no ha recibido notificación alguna, "a diferencia del resto de testigos a los que sí se les ha sido notificado". Cinco meses después de la providencia judicial, "cualquiera podría interpretarlo como una posible maniobra dilatoria del proceso judicial contra Ana Hermoso, del actual Ayuntamiento de Bormujos", aseguran fuentes conocedoras del caso.
En palabras de Francisco Molina, secretario general de los socialistas en la localidad, "el Partido Popular de Bormujos vuelve a demostrar que lo único que saben hacer, tanto en la oposición como en el gobierno, es confiarlo todo a la estrategia política del lawfare". El objetivo de los populares, en opinión de Molina, "es tan claro como evidente. Cubrir con una cortina de humo el inminente juicio de la ex alcadesa, Ana Hermoso y tratar de evitar la comparecencia y declaración del ex alcalde socialista en dicho procedimiento".
Según Molina Haro, "la única intención del tándem María Dolores Romero-Luis Paniagua —la alcaldesa y su mano derecha— era y sigue siendo acosar y desacreditar a sus adversarios políticos con denuncias falsas". Para el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Bormujos, "los populares siguen buscando embarrar la política municipal con casos de lawfare, como ya hiciese Zoido con Monteseirín y Torrijos en el Ayuntamiento de Sevilla, con el caso Mercasevilla".
En cambio, doce años después, "se demostró que todo había sido un gran infundio". "El problema fue que, para entonces, Zoido ya había sido alcalde de la capital andaluza y Ministro del Interior del Gobierno de España, e incluso había tenido tiempo de echarle gasolina al fuego de Cataluña. Del mismo modo que a Lola Romero todas estas argucias le han servido para convertirse en la alcaldesa más cara de la historia de Bormujos y Presidenta de una Mancomunidad a la que, por cierto, no va”, dice Molina Haro.
En diciembre pasado, el grupo socialista del Ayuntamiento de Bormujos ya criticó que el escrito de acusación formalizado por el Consistorio ante el Juzgado de Instrucción número 13, en la causa incoada contra la exalcaldesa popular Ana Hermoso por presunta malversación al abonar a la plantilla municipal una supuesta "productividad injustificada"; recogiese peticiones de cárcel e inhabilitación inferiores a las solicitadas por la Fiscalía. En concreto, dos años de cárcel —y que los empleados reintegren lo pagado supuestamente de forma ilegal— se piden a una exalcaldesa que, como argumentó su abogado, Manuel Pérez Peña, se escuda en que la decisión contó con el aval de secretaria e interventor para los referidos pagos.