El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles que el director general de Pesca y Acuicultura del Gobierno andaluz, José Manuel Martínez Malia, incumplió la ley de Incompatibilidades de Altos Cartos de la Administración de Andalucía.
De esta forma, el Gobierno andaluz reconoce la resolución emitida por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción tras una denuncia realizada por el PSOE hace unos meses. En concreto, la Oficina Antifraude ha llegado a la conclusión de que el director de Pesca incumplió los artículos 3 y 7 de dicha Ley 3/2005, de 8 de abril.
Dicho organismo ha acordado la publicación de esta declaración en el BOJA apoyándose en el artículo 16.1 de la citada Ley de Incompatibilidades, que establece que "las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el 'Boletín Oficial de la Junta de Andalucía'".
Dicho artículo, no obstante, contempla algunas excepciones de las que no se beneficiaría Martínez Malia, ya que precisa, por un lado, que "los altos cargos podrán compatibilizar el ejercicio de su cargo con la condición de parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, en los supuestos establecidos en la legislación electoral", aunque sin cobrar por ello.
De igual modo, y en virtud de una modificación introducida por el reciente Decreto-ley 11/2023, de 27 de diciembre, la normativa establece que los altos cargos "podrán compatibilizar sus funciones con el ejercicio, retribuido o no, de la docencia en la enseñanza universitaria, siempre que no suponga detrimento de su dedicación y, en todo caso, con un límite no superior a las setenta y cinco horas anuales o su equivalencia con el régimen de dedicación del profesorado expresado en créditos ECTS siempre que la retribución que, en su caso, se perciba no supere el 15% de las que les corresponda por razón del cargo".
En la propuesta de resolución que sobre el caso de este alto cargo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural elaboró la Oficina Antifraude, que avanzó el diputado autonómico socialista Josele Aguilar en una atención a medios en el Parlamento andaluz el pasado 10 de enero, se relataba que, a fecha del 31 de diciembre de 2019, Martínez-Malia (que fue nombrado director de Pesca en febrero de ese año) era "titular del 50%" de las participaciones de la empresa Pesquerías Quintino, S.L, y aunque "con posterioridad" vendió las mismas, "no queda claro el momento de la venta". Además, el organismo entendía que el director de Pesca "incurriría en la causa de incompatibilidad" en relación a dicha empresa "al ostentar la condición de apoderado general hasta el 5 de julio de 2023".
Además, la Oficina Antifraude constataba en esta resolución que el director general era, a fecha del 31 de diciembre de 2019, "titular del 50%" de las participaciones de otra empresa (Carabina y Farruco, S.L.), que vendió en octubre de 2021, y tenía como socio a su hermano en esta mercantil.
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