Cuando tanto se habla de financiación autonómica, que copa horas y horas de debates —políticos y mediáticos—, en los ayuntamientos de España resuena la misma pregunta: ¿Y la financiación local, qué?
Las vías por la que los ayuntamientos obtienen ingresos son varias. El Estado les transfiere a través de la PIE, la Participación en los Ingresos del Estado, pero también reciben a través de la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma), que transfiere la Junta de Andalucía. Además de sus ingresos propios, derivados de tasas municipales.
En muchos aspectos, los ayuntamientos se sienten los grandes olvidados, siendo la Administración más cercana a la ciudadanía, la que se topa con los problemas ciudadanos de frente, sin intermediarios. Y la peor financiada.
Hay varias peticiones comunes que tienen quienes participan en este reportaje: que se paguen a tiempo —y actualizadas— la PIE y la Patrica y que se alivien las medidas incluidas en la conocida como Ley Montoro, de 2012.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, promulgada por el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis, para fijar los objetivos de déficit, deuda y techos de gasto público de las Administraciones, asfixia a muchos consistorios.
Esta ley prioriza el pago de deuda a las inversiones. Y no permite a ayuntamientos saneados que destinen su superávit presupuestario a inversiones para sus municipios. Es una petición común, casi un clamor, entre los alcaldes y alcaldesas del país.
Una vez pasada la Conferencia de Presidentes, en la que muy poco tiempo se ha dedicad o a las administraciones locales, cinco voces hablan en lavozdelsur.es de la situación de los ayuntamientos andaluces. Son María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); Julio Millán, alcalde de Jaén; Ramón Galán, alcalde de Trebujena; y Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción.
María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP
"Los ayuntamientos no tenemos una financiación adaptada a la realidad de 2025", dice María José García-Pelayo (PP), presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, uno de los tres ayuntamientos de España —junto a Jaén y Parla— en nivel "crítico" de sostenibilidad, por su elevada deuda municipal.
Tras participar en la Conferencia de Presidentes de esta semana, pide que el Ejecutivo elabore un Real Decreto-ley específico que recoja tres medidas clave sobre financiación local: la actualización de la PIE, la liquidación de la Participación en Tributos del Estado correspondiente a 2023 y la autorización para que los gobiernos locales puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles.
La FEMP calcula que el Estado debe a los ayuntamientos 4.280 millones de euros de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), por el desfase que produce no tener Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que los tributos se calculan en base a los PGE de 2023.
Por eso piden que haga mediante un Real Decreto Ley, que sea exclusivo sobre financiación local. "El Gobierno nos tiene acostumbrados a incluir de todo en un Real Decreto. No consiguen consenso porque se mezclan debates. Pero este conseguiría el apoyo de todas las fuerzas políticas, porque nos hemos puesto de acuerdo en la FEMP", sostiene García-Pelayo, en declaraciones a lavozdelsur.es.
Y también pide que se permita a los ayuntamientos con superávit presupuestario destinarlo a inversiones financiariamente sostenibles, es decir, que no generen deuda. "Hay ayuntamientos saneados que, como no tienen deuda, no pueden ejecutar ese superávit en inversiones", lamenta la presidenta de la federación.
La FEMP calcula que la pérdida para las entidades locales en el año 2025, si no se actualizan las entregas a cuenta, y no se liquida la PIE de 2023, será de 6.322 millones de euros. "No deja de hablarse de los temas que preocupan a las comunidades autónomas, pero no se tiene cuenta a los ayuntamientos, cuando somos 8.132, la red más importante del país", lamenta García-Pelayo.
"No podemos estar todos los años mendigando soluciones a Hacienda"
También llama la atención sobre un asunto. En la última Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada en julio de 2024, el Gobierno se comprometió a realizar unas entregas a cuenta en base a las que elaboraron sus Presupuestos municipales muchos ayuntamientos. "Fue antes de saberse que no iba a haber PGE, por lo que la mayoría tienen presupuestados gastos que no se corresponden con los ingresos que realmente van a tener", advierte.
En paralelo, como alcaldesa de Jerez, se reúne constantemente con el Ministerio de Hacienda para tener cuanto antes los Presupuestos municipales de 2025. Al ser un Ayuntamiento intervenido, debe contar con el ok de la cartera que dirige María Jesús Montero.
"No podemos estar todos los años mendigando soluciones a Hacienda. Saben perfectamente cuántos ayuntamientos estamos en una situación de riesgo financiero extremo. Al menos para esos ayuntamientos hay que plantear una solución que perdure en el tiempo y que nos facilite el desahogo financiero a lo largo de los años. No necesitamos parcheos", dice García-Pelayo.
Ahora mismo, el Consistorio jerezano tiene más de 900 millones de euros deuda con Hacienda a través de diez préstamos ICO. Con los bancos, la deuda era de 17 millones de euros a principios del mes mayo.
"Por primera vez se está pagando la deuda al Ministerio de Hacienda y eso nos está permitiendo refinanciar la deuda sin castigar a los ciudadanos con subidas de impuestos, más allá de lo que la ley nos obliga", destaca la alcaldesa. "Por lo tanto, estamos pagando a proveedores y haciendo inversiones mejorando servicios públicos. No estamos como nos gustaría estar, pero vamos oxigenándonos".
José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP
"Históricamente, nunca se ha cumplido aquello que se hablaba en los inicios de la etapa democrática y en la Constitución de que iba a haber un reparto competencial y de financiación que prácticamente era a partes iguales entre Administración central, autonómica y local. Eso nunca ha llegado. Los ayuntamientos no administramos ni el 15% de todos los presupuestos de las Administraciones públicas", sostiene José María Bellido (PP), alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Bellido también llama la atención sobre los 4.280 millones de euros que debe el Estado a los ayuntamientos a través de la PIE. "Es lo que nos corresponde este año, y todavía con más justicia, lo que nos deben de años anteriores, porque es un sistema de anticipación que se liquida al final de cada ejercicio. Tendrían que habernos ingresado, pero no lo han hecho porque no hay PGE", lamenta.
Para el Ayuntamiento de Córdoba son 20 millones de euros —"nos ayudaría a tener normalidad"—, que tiene presupuestos por las promesas realizadas por el Gobierno en la última Comisión Nacional de Administración Local. "Si no llegan, habrá compromisos que teníamos este año que no se podrán ejecutar porque el Gobierno no nos está dando la financiación que nos corresponde", critica el regidor y presidente de la FAMP, en conversación con este periódico.
"En Córdoba tenemos un remanente positivo de tesorería de 38 millones de euros y un superávit de 35 millones. Salvo esa diferencia, de tres millones de euros, que sí vamos a poder utilizar para pagar deudas pendientes de otros ejercicios, los otros 35 millones nos obligan a destinarlos a amortización anticipada de deudas financieras", lamenta el alcalde cordobés.
"No vamos a poder dedicar ni un euro de esos 35 millones de euros de superávit a compras de autobuses menos contaminantes, a seguir ampliando el número de zonas verdes, a hacer actuaciones más eficientes en materia de sostenibilidad en la gestión del agua o a poner nuevos espacios de sombra en los colegios a disposición de nuestros niños y nuestras niñas", lamenta.
"El Gobierno debe aclarar definitivamente el panorama competencial y de financiación"
También pide igualdad respecto a las comunidades autónomas: "Si hay refinanciación de deuda, que sea para todos y en las mismas condiciones. No podemos volver a soportar otro agravio con respecto a las comunidades autónomas". Y medidas especiales para ayuntamientos altamente endeudados, como Jerez o Jaén en el caso de Andalucía, ya que "son municipios que están condenados durante muchos años a una situación financiera imposible".
Bellido, como presidente de la FAMP, se suma a la petición de la FEMP de aprobar un Real Decreto Ley específico sobre financiación local. "Es un ofrecimiento honesto, generoso, que parte desde la unidad del municipalismo", dice.
Y va a más. Al Gobierno pide que "aclare definitivamente el panorama competencial y de financiación". Y pone ejemplos concretos de trabas burocráticas que se ha encontrado recientemente. "No puede ser que tras la dana, muchos ayuntamientos queríamos ayudar tuviéramos que ir a una modificación legislativa, porque no había ninguna competencia local que lo permitiera".
Otro ejemplo: "No puede ser que a día de hoy en los colegios de toda España, los municipios y las comunidades autónomas estemos enzarzados por las competencias. En el caso de Córdoba, con el problema del calor, hemos puesto toldos y a Intervención municipal no le ha gustado porque es competencia autonómica. Pero mientras se hace o no, muchos niños siguen pasando calor".
Julio Millán, alcalde de Jaén
Julio Millán (PSOE) es alcalde de Jaén desde enero de este año, tras salir adelante una moción de censura junto a Jaén Merece Más. Es su segunda etapa como regidor, después de que lo fuera durante el mandato 2019-2023.
El Ayuntamiento de Jaén es uno de los tres del país, junto a Parla y Jerez, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) engloba en situación financiera "crítica", con una deuda que ronda los 600 millones de euros.
"La situación difícil de nuestro ayuntamiento no es achacable al Gobierno de España ni a la Junta de Andalucía. Tenemos que reconocer que son fruto de una mala gestión local", explica, en conversación con lavozdelsur.es.
A principios de siglo, "se vendieron aprovechamientos que se pueden empezar a desarrollar ahora, se doblaron las plazas de personal del Ayuntamiento... No solo debemos mirar a Madrid o Sevilla", agrega Millán, que en este punto pide ayuda a los Gobiernos de Andalucía y de España.
Dice el alcalde de Jaén que el Ministerio de Hacienda "está poniendo en marcha algunas medidas", pero no así la Junta de Andalucía, "con la que no tenemos contacto ninguno". "La refinanciación de la deuda aprobada por Hacienda nos viene como agua de mayo, porque era una de las demandas que teníamos para poder prestar los servicios básicos municipales y contar con algo de liquidez", reseña.
"Tenemos que armar un sistema de maniobra para que podamos seguir funcionando"
A Millán, confiesa, no le preocupa tanto la deuda municipal como "armar un sistema de maniobra para que podamos seguir funcionando". "Si no arreglamos el funcionamiento que nos ha generado ese desorden, dentro de unos años estaremos igual. Tenemos que ayudarnos de la tutela que deberíamos tener de la Junta y del Estado para tomar medidas que nos permitan ordenar nuestros ayuntamientos".
"Me preocupa menos bajar la deuda desde esa perspectiva, más bien estamos en plantear fórmulas que podríamos trabajar en el futuro, como la dación en pago de parte de la deuda a través de bienes municipales que pasen al Ministerio", señala Millán.
Y pone sus miras en la Junta, para reclamar ingresos mediante la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma): "Había obligación de contar con un fondo de 600 millones de euros desde 2014. El PP lo reclamaba en la oposición, pero a día de hoy está muy lejos de esa cantidad".
Ramón Galán, alcalde de Trebujena
Ramón Galán (IU) es alcalde de Trebujena, un pueblo de 7.000 habitantes de la provincia de Cádiz, que considera que los ayuntamientos son "los grandes olvidados" de la Administración. "Estamos infrafinanciados, tanto desde el punto de vista del Estado como de la Junta de Andalucía".
"Mucho se habla de condonación de deuda autonómica, y se pone encima de la mesa la necesidad de mayor financiación para las autonomías, pero una parte importante del Estado son las administraciones locales, las grandes olvidadas", abunda Galán, en conversación con lavozdelsur.es.
Recuerda el alcalde de Trebujena que la Junta, a través de la Patrica, mantiene una "deuda histórica" con los ayuntamientos, y que el Gobierno de España tampoco pone en marcha medidas que supongan "ingresos extraordinarios" para los consistorios.
"Somos las administraciones que estamos en primera línea, arreglando los problemas de nuestros vecinos y vecinas, asumiendo cada vez más competencias. En cambio, la financiación no aumenta como debería para poder tener una buena prestación de estos servicios. Los ayuntamientos nos tenemos que unir y dar un golpe encima de la mesa para conseguir una nueva Ley de financiación municipal o que se actualicen al alza las cantidades que abonan tanto la Junta como el Gobierno de España", dice Galán.
"Nos merecemos un nuevo modelo de financiación local"
Desde IU, la formación a la que pertenece el alcalde de Trebujena, se han promovido mociones en ayuntamientos y diputaciones para pedir la derogación de la Ley Montoro, "que es la que nos impide utilizar los remanentes líquidos de tesorería". Recuerda Galán que "en pandemia estuvo suspendida, y también por la guerra de Ucrania, lo que nos ha dado cierto margen para utilizar esos remanentes líquidos de tesorería y no ha pasado absolutamente nada".
El alcalde de Trebujena cree que "se está penalizando de forma totalmente injusta a los ayuntamientos, siendo las administraciones que mejor cumplen con el déficit público, son las administraciones públicas menos endeudadas, muy por debajo de las comunidades autónomas y muy por debajo del Estado". Y se suma a la petición de la FAMP y la FEMP de contar con un Real Decreto Ley exclusivo que permita usar esos superávits.
"Nos merecemos un nuevo modelo de financiación local que venga a solucionar los problemas de los ayuntamientos, para que puedan llevar a cabo la prestación de servicios que nuestros vecinos y vecinas merecen", abunda Galán.
Juan Franco, alcalde de La Línea
Juan Franco (La Línea 100x100) es el alcalde más votado de España. Liderando una formación independiente, rige los designios de La Línea desde 2015, y pretende dar el salto en las elecciones andaluzas de 2026 y las municipales de 2027, para cuando tiene previsto expandir su marca.
"Se tendría que haber producido una segunda descentralización. Ha habido un proceso de transferencia de competencias por parte del Estado a las comunidades autónomas, en sucesivas etapas, que ha venido acompañada de una dotación presupuestaria importante, que ha permitido que, con mayor o menor fortuna, las comunidades autónomas cuenten con recursos suficientes para prestar estos servicios. Pero los ayuntamientos, que prestan la mayor parte de los servicios cercanos al ciudadano, no cuentan con una financiación adecuada", defiende Franco.
En el caso de La Línea, explica: "La financiación que nos llega a través de la PIE o la Patrica es insuficiente. La tercera vía de ingresos importante, que son los tributos municipales, es muy corta, teniendo en cuenta que nuestro término municipal es escaso. Nos encontramos con unas diferencias presupuestarias enormes entre distintos municipios que estamos en un cinturón de unos 20 kilómetros lineales".
El Ayuntamiento de La Línea también se acoge a la refinanciación de deuda, "de forma que terminaríamos de pagar en 2070 en lugar de en 2050. Y, además, la cuota de amortización no va a ser constante, sino que va a ser creciente, manteniendo el tipo de interés", aclara Franco.
"Me gustaría que hubiera una redefinición de las reglas del juego"
Con esta operación, el Consistorio linense dispondrá de 4,7 millones de euros que ahora mismo destina a amortización de deuda para prestar servicios públicos. Un alivio, "pero no es suficiente", sostiene.
El alcalde linense se suma al clamor de otros muchos regidores que piden que el remanente de tesorería pueda emplearse en inversiones que no generen deuda. "Este año vamos a liquidar el Presupuesto con unos 5 millones de euros de resultado presupuestario positivo, y a mí lo que me gustaría es poder destinarlos a inversiones financieramente sostenibles, no a amortización de deuda, porque desde hace diez años demostramos que se está pagando puntualmente".
"Me gustaría que hubiera una redefinición de las reglas del juego, de forma que la financiación municipal sea objeto de debate, que se tenga en cuenta también la postura de los ayuntamientos y que de alguna manera se pueda hacer un cálculo que fuera más justo, más equitativo y que haya controles, porque tiene que haberlos", incide el regidor linense.
