El Ayuntamiento de Jerez denuncia ante el Juzgado a dos empleados municipales, una de ellos delegada sindical del CSIF y que concurrió el pasado año como número 11 en la candidatura del PP de Jerez que encabezó Antonio Saldaña —de la que además fue secretaria cuando éste fue delegado de Urbanismo en el gobierno de García-Pelayo— “por haber presuntamente accedido indebidamente a más de 4.500 expedientes y documentos municipales desde 2017”.
Cientos y cientos de expedientes y documentos con información sensible del gobierno local, de la administración pública jerezana, y con ingentes cantidades de datos personales de ciudadanos y ciudadanas protegidos por la ley. Como ha advertido en rueda de prensa este miércoles la teniente de alcalde delegada de Economía y Recursos, Laura Álvarez, será la Justicia la que determine las responsabilidades penales de estos “gravísimos hechos”.
El Ayuntamiento ordenó apertura de expediente disciplinario interno contra estos dos trabajadores hace menos de un mes, pero las presiones y el hostigamiento de determinados sindicatos ha forzado esta misma semana la dimisión —e incluso a la baja médica— de los funcionarios de carrera que estaban instruyendo dicho expediente para esclarecer unos hechos sobre los que saltó la alarma en agosto pasado y para cuya corroboración el ejecutivo local no solo ha tirado de recursos propios del servicio informático sino que contrató a un perito informático externo.
"Detectamos que estaba circulando fuera del circuito municipal información que solo pueden conocer determinadas personas. Tras las comprobaciones pertinentes, comoquiera que actualmente todo deja rastro en el sistema informático, se localizó el origen, siendo presuntamente dos empleados municipales los que, sin tener que ver con su trabajo, accedieron a ese expediente", ha informado Álvarez, que ha comparecido acompañada del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, y del delegado de Medio Rural, Jesús Alba, donde estaba destinada la empleada afectada por los hechos.
"¿Con qué fines se hicieron estos accesos? ¿Qué uso se hizo de esa información? ¿Se compartió con alguien, con quién y para qué?"
Estas comprobaciones, ha explicado la responsable política municipal, dieron lugar a detectar que "desde 2017 ambos empleados, presuntamente, se habían dedicado a acceder al sistema informático municipal para ver informaciones y documentos municipales de todo tipo. Además se da la circunstancia de que la empleada, que es delegada sindical, presuntamente accedió utilizando la clave del otro trabajador ya que la suya no le otorgaba permisos".
Ante la profusa y detalla información del servicio informático municipal, "antes de acordar abrir el expediente disciplinario, el gobierno municipal quiso tener total certeza sobre ello y procedió a la contratación de un perito informático, y tras los trabajos periciales se corroboraron y dieron más detalles de estos accesos indebidos presuntamente cometidos por estos dos empleados municipales, otorgando certeza total sobre ellos". "En un mundo regido por las normas de protección de datos —ha recalcado Álvarez— tenemos a dos empleados que estuvieron tres años accediendo sin permiso para ello, e incluso con subterfugios, a más de 4.500 expedientes y documentos plagados de información municipal y de datos personales de ciudadanos y ciudadanas". "¿Con qué fines se hicieron estos accesos? ¿Qué uso se hizo de esa información? ¿Se compartió con alguien, con quién y para qué?", ha interpelado.
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