El Juzgado de Instrucción Número 2 de Sevilla ha archivado las diligencias previas 1131/2021 —conocidas como el caso de los maletines del SAS—, incoadas a raíz de una denuncia en las que se relataban unos hechos relativos a la posible comisión de un delito de cohecho por parte de un empresario dedicado al sector farmacéutico.
De haber prosperado en plena pandemia del covid los planes de algunos de los implicados habrían obtenido un incremento extra en la oferta al SAS de un producto superior a los 5 millones de euros. Según el relato de los hechos descrito en el auto judicial la actuación del entonces consejero de Presidencia y su viceconsejero —Elías Bendodo y Antonio Sanz— fue correcta, legal y la que se presupone a personas en el ejercicio de su cargo público y responsables de la administración general del Estado.
A finales de agosto de 2020, rezan las diligencias, el empresario Félix G. contactó con Elías Bendodo, entonces consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, con la intención de vender a la Junta un producto de que dispone y que se llama Speedy bag y reconocer para ello el cauce adecuado para presentar la correspondiente oferta. El contacto se inició a través de la esposa de Bendodo a la que el denunciante le transmitió su deseo de conocer cómo presentar la oferta “aprovechando un contacto casual en el lugar de veraneo siendo transmitido por ella dicho deseo a su esposo Elías Bendodo el cual se puso en contacto con el denunciante para explicarle que el cauce adecuado era a través de del SAS”.
El empresario consiguió, el 16 de septiembre de 2020, una videoconferencia en la que participó la gerente del hospital Virgen de Valme, encargada de la validación técnica de los productos ofertados al SAS, así como varios representantes de cada una de las empresas que participaban en la estrategia. El día 20 tuvo lugar otra videoconferencia en la que participa Manuel G., un conocido empresario de Cádiz, y representantes de la empresa junto al empresario del sector farmacéutico.
Según consta en el auto del juzgado en dicha conversación, al que ha accedido lavozdelsur.es, el investigado Manuel G. dijo que tenía un contacto de la Junta de Andalucía que era el jefe de gabinete de la Consejería de Salud, el coinvestigado Guillermo G. de la necesidad de solicitar un incremento del precio para el éxito de la operación.
El 21 de septiembre el empresario Félix G. propone ofertar el producto por un precio total de 19,4 millones de euros comunicándose a Manuel García por correo electrónico el cual le contesta el día 22 de septiembre que debería incrementar su oferta en la cantidad de 5 millones de euros hasta fijarla en un total del presupuesto de 24,4 millones de euros para poder tener un buen éxito en la contratación final no siendo aceptado tal incremento por aquel entendiendo el empresario que el producto debía ser ofertado a un precio inferior.
El empresario finalmente situó la oferta en 21,07 millones de euros aumentando ligeramente la inicial no entrando los incrementos que le proponían de 5 millones y de paso poniéndoles de manifiesto la ilicitud de lo pretendido.
El caso fue puesto en conocimiento de Elías Bendodo. El entonces consejero de presidencia de la Junta Andalucía, número dos del Gobierno andaluz, encargó el asunto a Antonio Sanz su viceconsejero y mano derecha, a quién le encomendó realizar una investigación interna de los hechos puestos en su conocimiento previamente nombrándose como instructor del expediente a otro funcionario.
Según consta en el auto en los meses sucesivos se produjeron diversos contactos entre Antonio Sanz y Félix G, relativos a la marcha de las investigaciones culminando con el traslado final de los hechos al Ministerio Fiscal y la presentación de una denuncia que da lugar a las diligencias de investigación.
El juez entiende que las conductas descritas anteriormente situaban a todos hipotéticamente en el escenario de un delito de cohecho pasivo propio o impropio atribuido al investigado Guillermo G., jefe de gabinete del consejero de Salud que en su condición de funcionario público recibiría o solicitaría una contraprestación económica por la realización de un acto relativo al ejercicio de su cargo justo o injusto en función de su utilidad del producto.
El juez entiende que no hay ningún indicio de ilícito penal en la conducta del empresario, es más llega a expresar en el auto que lo anterior no comporta ninguna irregularidad si no que antes al contrario y dada la situación de urgencia por la pandemia mundial y la necesidad de material sanitario, era la forma usual en la que los empresarios interesados en ofertar productos anticovid utilizaban cualquier canal para ello.
La Junta llevó el caso a Fiscalía
El juez dice que se encuentra exenta de interés penal a los efectos de la instrucción la actuación investigadora interna llevada a cabo por la Consejería de Presidencia de la Junta Andalucía iniciado tan pronto tuvo conocimiento de la denuncia efectuada por el empresario y que propició que la investigación fuera dirigida por Antonio Sanz, que culminó con la puesta en conocimiento de lo instruido ante el Ministerio Fiscal las vicisitudes de la misma carecen de interés al objeto del presente proceso de instrucción dice el juez.
Para contextualizar temporalmente los hechos investigados relevantes el juez recuerda que en dicha época segundo semestre de 2020 “nos encontramos en plena pandemia por el COVID con escasez de medios para combatirla y una gran demanda de productos farmacéuticos y sanitarios con los órganos encargados de la prestación sanitaria Andalucía”.
Tratando de ordenar esto último se creó en el seno del Servicio Andaluz de Salud una dirección de correo electrónico para canalizar la multitud de ofertas que procedían no solo de empresas dedicadas al sector farmaceútico de empresarios de cualquier otro sector ajeno a ello. Las ofertas podrían llegar por cualquier medio y no solo a través del SAT como declararon los anteriores testigos y como ocurrió en otros casos
El proceso para la contratación que fue explicado por un testigo, José Antonio M, director general de gestión económica y servicios del SAS. Implicaba, como paso previo, una verificación técnica del producto y posteriormente se interesaba su adquisición, su estudio y viabilidad económica. El testigo expuso ante el juez “la volatilidad del mercado, la carencia de un mercado oficial, de un precio oficial medio de los productos, de manera que los precios eran cambiantes al alza “tomando gran repercusión en el precio si se suministraban a corto o a largo plazo. Dentro de este escenario es donde, según el juez, hay que situar las actuaciones desplegadas por los investigados”.
El juez entiende que en el transcurso de dicha negociación “no se desprenden indicios racionales de criminalidad contra los citados investigados” y que en ese sentido el éxito de la contratación del espíritu no depende de la facultad que tuviera Guillermo G (jefe de gabinete del consejero de Salud) para ello porque, según el juez, “no tiene potestad alguna para la toma de decisión al respecto ya que no es parte del órgano de contratación del SAS ni tiene encomendada la contratación de los productos”.
El juez afirma que no existen tampoco indicios racionales de delito de que Guillermo G. hubiera actuado en connivencia con el resto de los investigados para propiciar un aumento de precio y lucrarse con ello, más allá de las manifestaciones de los investigados que efectuaron en la citada reunión “no existen correo electrónico entre ellos ni llamadas telefónicas o cualquier otro medio que induzcan a pensar lo contrario”.
Pero lo más sorprendente de todo según consta en el auto es que el empresario gaditano Manuel G. que el incremento del precio solicitado, algo más de 5 millones de euros, era para repartírselo entre los tres intermediarios y que manifestaba que tenía contactos dentro de la administración andaluza.
Por todo ello, el magistrado Miguel Ángel Gálvez Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias. El juez concluye, por tanto, que la actuación desplegada como intermediarios de la operación con la finalidad de obtener una ganancia en dicha mediación, simulando la existencia de un contacto con la Junta de Andalucía para ello y tratando de influir en el precio ofertado para asegurarse una ganancia, no implica más que un artificio o engaño tendente a asegurarse el éxito de la comisión.
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