La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha expuesto en el Parlamento andaluz la postura unificada de varias comunidades autónomas, incluida Andalucía, que instan al Gobierno central a implementar una nueva Ley de Costas.
Esta reforma es crucial para adaptar la legislación a la realidad territorial contemporánea y proporcionar mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos, municipios y sectores económicos que dependen del litoral. La demanda surge ante la obsolescencia de la normativa actual, que data de hace décadas, y la imperante necesidad de afrontar los desafíos del cambio climático y la erosión costera.
La normativa vigente, aprobada hace varias décadas, no refleja los profundos cambios ambientales y territoriales que ha experimentado la costa española. García enfatizó que la evolución del litoral y los impactos del cambio climático exigen una revisión profunda de las herramientas de gestión. Fenómenos como la regresión de las playas y la erosión costera son cada vez más frecuentes en numerosos puntos, lo que requiere políticas públicas ágiles y eficaces que respondan a esta dinámica cambiante. La consejera argumentó que la protección del litoral es innegociable, pero que una mejor protección implica una gestión más eficiente y adaptada.
La necesidad de una nueva Ley de Costas
Un punto de gran preocupación ha sido la política de deslindes aplicada en ciertas zonas, que ha afectado a núcleos poblacionales históricos, viviendas y actividades económicas consolidadas durante décadas. Catalina García abogó por un nuevo marco legal que reconozca la diversidad territorial de la costa española y que logre un equilibrio entre la salvaguarda ambiental y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La consejera insistió en que la legislación debe ajustarse a la realidad competencial y territorial actual, reconociendo el papel fundamental de las comunidades autónomas en la gestión del territorio y la protección ambiental. El litoral es un espacio de incalculable valor ecológico, social y económico, que demanda instrumentos de gestión modernos y efectivos.
Críticas a la gestión actual y falta de consenso
Varias comunidades autónomas han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas para abordar estos retos de manera coordinada y establecer un diálogo institucional con el Gobierno. En este contexto, el Gobierno andaluz ha manifestado su rotundo rechazo a las recientes modificaciones del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Estrategias Marítimas.
García criticó que "Estas modificaciones se han planteado sin el consenso necesario con las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente a la realidad territorial de nuestras costas". Subrayó que cualquier reforma normativa en un ámbito tan delicado debe contar con la participación activa de las regiones. "Las decisiones sobre el litoral no pueden adoptarse de espaldas a quienes gestionan el territorio y conocen de primera mano la realidad de nuestras costas", afirmó.
El caso de Doñana: un ejemplo de conflicto territorial
La consejera también aludió al deslinde aprobado por el Estado en Doñana como un ejemplo de las complejidades derivadas de la aplicación de la normativa actual. Este deslinde ha incorporado una extensa superficie de marismas al dominio público marítimo-terrestre, generando gran inquietud entre propietarios, agricultores y administraciones locales. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra dicho deslinde. García defendió que cualquier delimitación del dominio público debe basarse en criterios rigurosos y un conocimiento exhaustivo del funcionamiento territorial. "Las decisiones sobre espacios tan valiosos como Doñana deben construirse desde el rigor científico, el diálogo institucional y el respeto a los órganos de participación", aseveró.
La Junta de Andalucía aclaró que su postura no cuestiona la imperiosa necesidad de proteger Doñana, uno de los enclaves naturales más importantes de Europa. Su objetivo es asegurar que las decisiones adoptadas se ajusten a la realidad ecológica y geomorfológica del área. La consejera concluyó reafirmando el compromiso inquebrantable de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con la conservación del litoral y sus ecosistemas costeros en Andalucía, considerándolo una prioridad de su gestión.