"Hemos conseguido bajar la presión fiscal y sólo nos supera la locomotora de España, la Comunidad de Madrid, en competitividad, pero vamos a por ella también, aunque sea compañera". El pasado fin de semana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, bromeaba con estas palabras delante de Isabel Díaz Ayuso en un acto del Partido Popular en Galicia con todos los presidentes autonómicos del partido.
Sin embargo, el tono jocoso utilizado por el presidente andaluz llevaba en el fondo una declaración de intenciones. Lo que quizás nadie esperaba es que el Gobierno andaluz diera un paso más en sus medidas fiscales tan pronto. La Junta de Andalucía prepara una nueva bajada de impuestos que desde el Ejecutivo señalan como la séptima desde que el Partido Popular llegó a San Telmo hace cinco años.
El pasado mes de octubre, el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal que publica cada año la Tax Foundation señalaba a Andalucía como la segunda comunidad con los impuestos más bajos. A pesar de que el Gobierno de Moreno ha mostrado siempre su intención de seguir bajando impuestos, lo cierto es que el Presupuesto aprobado para 2024 no contemplaba ningúna modificación fiscal. De hecho, este año Andalucía recupera el canon del agua.
El último decreto aprobado por el Consejo de Gobierno para bajar impuestos se firmó en septiembre de 2022. Entonces, la Junta deflactó los tres primeros tramos de la tarifa autonómica en un 4,3% y suprimió el Impuesto de Patrimonio, aunque más tarde el Gobierno de España aprobaría un impuesto a las grandes fortunas que ha recibido el visto bueno del Tribunal Constitucional y ha obligado a la Junta a realizar una especie de rectificación.
Sin embargo, la nueva propuesta de Carolina España no está enfocada a las personas físicas, sino a las grandes empresas para atraer inversión a la comunidad. Carolina España ha dejado claro que que estas medidas son para que Andalucía siga siendo "competitiva" y para "atraer inversiones" a la comunidad.
La postura del Partido Popular en este sentido es clara desde su llegada al Gobierno. De hecho, desde el Ejecutivo repiten la metáfora de que Andalucía era "un infierno fiscal". Además, la titular de Hacienda, al igual que Juanma Moreno, pone a Madrid como ejemplo a seguir a pesar de que las condiciones de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso son muy diferentes.
"Queremos que los grandes inversores se fijen y se instalen en Andalucía y estamos estudiando algún mecanismo que nos permita atrapar a inversores y que se queden aquí", señalan desde el Gobierno andaluz. No obstante, pese a las intenciones, desde el Partido Popular creen que es complicado que esta rebaja fiscal se pueda llevar a cabo en este curso, por lo que quedaría todo pendiente para el año 2025. La rebaja también incluirá medidas para que "los grandes patrimonios, los inversores, tengan aliciente y motivación para poder instalarse y quedarse en Andalucía".
Esta misma semana, la Junta ha entrado en conflicto con el PSOE después de que el principal partido de la oposición presentara un informe con el que buscaba desmontar la "locomotora económica" que describía la Junta de Andalucía. Desde Hacienda se insiste en que la comunidad está creciendo más que España y que converge con Europa. Además, la consejera defendió el martes que lo difícil era aumentar la recaudación "bajando impuestos" y no "subiéndolos" como, según la Junta, hace el Gobierno central. Pese a todo, todo el país ha ganado declarantes y ha aumentado la recaudación.
La Consejería de Hacienda contempla aprobar "algún tipo de medidas destinadas a las empresas, bien en la compra de viviendas, bien en algún tipo de deducción para un colectivo interesante", ha abundado antes de apostillar que "estamos todavía estudiándolo", pero que, en todo caso, "será una rebaja fiscal importante" con la que no sabe "si conseguiremos superar a Madrid, pero gota a gota se va llenando el vaso".
La Junta irá a la Justicia si el Gobierno favorece la vuelta de las empresas a Cataluña
El Gobierno andaluz está dispuesto a acudir a los tribunales si finalmente se establecen incentivos fiscales por parte del Ejecutivo nacional a las empresas que en su momento abandonaron Cataluña debido al 'procés'" independentista catalán vinculado al referéndum del 1 de octubre de 2017 y que decidan regresar a esa comunidad.
Según la Junta de Andalucía sería "un fraude constitucional y democrático, y lo denunciaremos en el ámbito judicial, político y social". La consejera Carolina Epaña ha insistido en que la Junta defenderá con "uñas y dientes" a las más de 700 empresas que se instalaron en Andalucía en su momento, huyendo del 'procés'.
En lo relativo a las empresas que salieron "huyendo del 'procés" y se instalaron en Andalucía, ha recalcado que la Junta va a ser un "dique de contención" a la hora de defender que permanezcan en esta comunidad. Plantear posibles incentivos para que regresen a Cataluña, según la consejera, "echa por tierra todo el trabajo que se está haciendo desde algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, para crear ese ecosistema favorable a la inversión".
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