El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, una norma impulsada por el gobierno autonómico que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, mientras que todos los grupos de la oposición han votado en contra. El texto sustituye a la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y pretende actualizar el marco jurídico que regula la protección de los bienes culturales en la comunidad.
Durante el debate final, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha defendido que la nueva normativa supone un cambio relevante en la gestión del patrimonio. Según ha explicado, la ley "representa una reforma estratégica de la tutela del patrimonio cultural de la comunidad autónoma que garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación y difusión de los bienes patrimoniales y vela por su adecuada protección".
Desde el ejecutivo andaluz sostienen que la norma refuerza la planificación, la gestión y la proyección internacional del patrimonio cultural, además de ofrecer un marco jurídico más adaptado a los desafíos actuales. Del Pozo ha asegurado que el texto surge tras un proceso participativo amplio en el que han colaborado distintas entidades profesionales y académicas, y ha afirmado que "la nueva norma es el resultado de un amplio proceso participativo que ha permitido incorporar muchas de las demandas existentes en la sociedad".
La ley está estructurada en nueve títulos y 166 artículos, además de disposiciones adicionales y finales, y concibe la protección del patrimonio como un eje transversal en las políticas públicas de la comunidad. De este modo, la normativa integra la tutela del patrimonio en ámbitos como la educación, el urbanismo, el medioambiente, la sostenibilidad, el turismo o el desarrollo rural.
Nuevas categorías de protección y críticas de la oposición
Entre las principales novedades de la ley destaca la incorporación de dos nuevas categorías de protección, los paisajes culturales y las vías culturales, así como la creación del Sistema de Información del Patrimonio Cultural. Además, se amplía el reconocimiento del patrimonio audiovisual, que pasa a considerarse un bien cultural protegido, y se refuerza la presencia del patrimonio etnológico, industrial y arqueológico, tanto terrestre como subacuático.
El texto también introduce cambios en el régimen sancionador y en los procedimientos administrativos con el objetivo de agilizar la gestión y reforzar la actividad inspectora. Asimismo, regula las iniciativas aspirantes a formar parte de las listas del Patrimonio Mundial y del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, e incorpora un título específico dedicado a la investigación, la difusión y la educación en materia patrimonial.
Pese a estas novedades, la norma ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición. La diputada socialista Isabel Ambrosio ha calificado el proyecto como "mala" y ha afirmado que su tramitación ha sido "una oportunidad perdida para contrastar los distintos modelos de gestión" del patrimonio andaluz debido a lo que ha descrito como una "falta de voluntad para el diálogo, el debate y la participación". A su juicio, durante el proceso legislativo han predominado "la falta de ambición, la dejación irresponsable y la discrecionalidad interesada".
Desde el PP, la parlamentaria Pilar Pintor ha defendido el contenido de la ley y ha respondido a las críticas asegurando que el texto "recoge las demandas de la sociedad y nace del consenso necesario de los grupos parlamentarios, que a través de sus enmiendas lo han enriquecido y mejorado". Según ha añadido, la normativa refuerza "el compromiso colectivo con la historia, la memoria y con la identidad andaluza" y constituye una iniciativa "necesaria".
Por su parte, Vox ha lamentado que el PP haya rechazado la mayoría de sus propuestas para "reforzar el texto", mientras que Por Andalucía ha criticado que la norma se haya aprobado "con el rodillo" de la mayoría absoluta. Desde Adelante Andalucía también se ha señalado que en la ley "no hay ningún compromiso firme" para recuperar bienes expoliados del patrimonio andaluz, como la Dama de Baza.