El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este miércoles al decreto ley de medidas fiscales dirigido a los afectados por las borrascas que en las últimas semanas han golpeado a distintos puntos de la comunidad. La norma ha salido adelante tras un debate intenso en la Cámara autonómica, en el que el Gobierno andaluz ha defendido que se trata de una respuesta real y urgente ante la emergencia, mientras que la oposición ha cargado con dureza contra el texto, al que ha llegado a calificar de “mentira”, “estafa” o “mamarracho”. La encargada de defender el decreto ha sido la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, quien ha insistido en que el plan aprobado “no es un brindis al sol”, sino una herramienta concreta para ayudar a las familias y sectores afectados a recuperar la normalidad tras el impacto de las lluvias y temporales.
Durante su intervención, España subrayó que el objetivo de la norma es facilitar que los ciudadanos “puedan volver a la normalidad en el menor tiempo posible”. Para lograrlo, explicó que la Junta ha optado por movilizar recursos propios y reorganizar fondos disponibles. En ese sentido, afirmó que el Gobierno andaluz “reorganiza recursos propios, reprograma fondos europeos y destina remanentes a lo que es urgente: que los andaluces recuperen su vida”. Según la consejera, el decreto demuestra que Andalucía “no espera a que otras administraciones actúen”, sino que adopta medidas con sus propios instrumentos. La norma forma parte del Plan Andalucía Actúa, una estrategia más amplia diseñada para la recuperación de las zonas afectadas por las borrascas. Este plan cuenta, según el Ejecutivo autonómico, con 1.780 millones de euros entre ayudas y recursos destinados tanto a reparar infraestructuras como a impulsar la recuperación del tejido productivo, especialmente en sectores como el agrario y ganadero, que han sufrido importantes daños.
El decreto aprobado incluye medidas fiscales excepcionales en tributos cedidos a la comunidad autónoma. Entre ellas figura una deducción del 100 % de los gastos de reparación de la vivienda habitual para quienes hayan sufrido daños por las riadas. También contempla incentivos fiscales para quienes se hayan visto obligados a cambiar de residencia. En caso de que la vivienda haya quedado en ruina, los afectados podrán beneficiarse de una deducción del 6 % en el IRPF para la adquisición de una nueva vivienda. A su vez, quienes hayan tenido que abandonar su residencia y optar por un alquiler podrán aplicar una deducción del 15 %, con un límite máximo de 1.200 euros.
Otra de las novedades del decreto es la introducción, por primera vez, de un tipo del 0 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para determinadas operaciones consideradas esenciales tras los daños provocados por las borrascas. En el caso de otros inmuebles, como locales comerciales, naves industriales o segundas residencias, el Gobierno andaluz ha establecido un tipo superreducido del 3,5 %.
La oposición carga con dureza contra el decreto
Desde el PSOE, su portavoz parlamentario Mario Jiménez fue especialmente duro. Calificó la norma como “un mamarracho” y denunció que el Gobierno andaluz está utilizando la situación para hacer política de imagen. Según sus palabras, se trata de “una tomadura de pelo y un engaño a los andaluces, que son figurantes de un escenario en el que Moreno quiere salir de una determinada manera”. El socialista criticó que el decreto no incluya ayudas directas para los sectores más afectados por el temporal. “No hay un céntimo de euro para ayudas directas al campo, al comercio o a los autónomos”, lamentó Jiménez, quien acusó al Ejecutivo andaluz de haber actuado con rapidez solo para anunciar medidas, pero no para ponerlas en marcha.
En su intervención, sostuvo que en la Junta “corrieron para hacerse la foto y ahora son tortugas a la hora de dar ayudas”. Además, pidió que el decreto se tramite como proyecto de ley y no como decreto ley, para poder introducir cambios que, a su juicio, permitan que la norma “sirva para algo”. Jiménez también acusó al Gobierno de actuar con “tremenda frivolidad” al llevar al Parlamento una medida que, según dijo, llega tarde y que no aborda los problemas reales generados por las borrascas. Para el PSOE, el texto “no resuelve los problemas de los andaluces ni de los sectores económicos afectados”.
Las críticas también llegaron desde Vox. El portavoz parlamentario de esta formación, Rodrigo Alonso, acusó al presidente andaluz de seguir una estrategia similar a la del Gobierno central. Según sus palabras, Juanma Moreno estaría “utilizando la misma táctica de Sánchez” al anunciar grandes cantidades económicas sin concretar la regulación necesaria. “Aparte de prometer muchos millones no sacan la parte reguladora”, afirmó Alonso durante el debate parlamentario. En su opinión, el Ejecutivo del PP “juega en la élite del autobombo”, ya que, según denunció, lleva promocionando el plan Andalucía Actúa desde el primer momento del temporal. El dirigente de Vox cuestionó además la eficacia real de las medidas fiscales incluidas en el decreto, al considerar que sus efectos no se verán de forma inmediata. Según explicó, muchas de las deducciones no se aplicarán hasta 2027, lo que a su juicio demuestra que se trata de “una promesa para paliar un daño”, pero no de una solución inmediata.
Por su parte, desde Por Andalucía, la portavoz parlamentaria Inmaculada Nieto reprochó al Gobierno andaluz que haya solicitado el respaldo de la oposición sin ofrecer explicaciones claras sobre el alcance de las medidas. “No cabe pedir a la oposición el respaldo a unas medidas que no explican”, advirtió Nieto, quien acusó al Ejecutivo de “no decir lo que va a hacer” y de “volver a engañar a los andaluces” con este decreto. Desde su punto de vista, el texto presentado por la Junta carece de concreción y no ofrece garantías suficientes para los afectados por las riadas.
Las críticas más contundentes llegaron también desde Adelante Andalucía. Su portavoz parlamentario, José Ignacio García, cuestionó directamente el alcance real del Plan Andalucía Actúa, al que el Gobierno atribuye una dotación de 1.780 millones de euros. García se preguntó en el pleno dónde están realmente esos recursos destinados a ayudas directas y reparación de daños. En su intervención, afirmó que ese plan “no está en el BOJA, que es donde tienen que poner los gobiernos las cosas para que no se queden en un engañabobos”. Para Adelante Andalucía, la ausencia de medidas concretas publicadas oficialmente demuestra que el plan anunciado por la Junta se limita a un compromiso político sin respaldo real en la normativa vigente.