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La reforma de la Cámara de Cuentas impulsada por PP y Vox, que pretende evitar que grupos como Adelante y Por Andalucía mantengan un representante por el hecho de tener grupo en el Parlamento, está provocando reacciones entre las formaciones afectadas. La primera, Adelante Andalucía, que tras las elecciones de mayo tendría derecho a un asiento en el órgano fiscalizador, ha anunciado que está dispuesta a acudir al Tribunal Constitucional si la modificación se aprueba.
El portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, considera que el cambio pretende evitar que su formación obtenga representación en la institución encargada de fiscalizar las cuentas de la Junta. García ha planteado dos escenarios. Si la Mesa del Parlamento no activa la renovación con la ley vigente, Adelante recurrirá al Constitucional por entender que se estarían vulnerando sus derechos de participación política. Si finalmente se aprueba la reforma en los términos conocidos, también acudirá al tribunal de garantías. Y no solo eso. En base al reglamento, habría que poner en marcha dos meses antes de que culmine el mandato de los miembros, por lo que Adelante también amenaza con denunciar a la Mesa del Parlamento si demora la renovación del órgano antes de que entre en vigor la nueva normativa. "Si con la legislación actual no se activa la renovación, vamos a ir al Constitucional, pero si encima se inventan una ley que vulnera nuestros derechos, también iremos al Constitucional", ha advertido.
En ese sentido, la formación ya ha registrado una petición ante la Mesa para que comience inmediatamente el procedimiento de renovación con la legislación actual. También reclama un informe del letrado mayor del Parlamento que explique la situación y los motivos por los que todavía no se ha iniciado el proceso.
El movimiento tiene consecuencias directas sobre el reparto. La Cámara dispone de siete consejeros y a principios de 2027 deben renovarse cuatro. Según los cálculos expuestos por Adelante, su grupo tendría derecho a ocupar uno de ellos y sería el PP quien debería desprenderse de uno de sus puestos. "Como Adelante Andalucía no está, uno tiene que ser para Adelante Andalucía, obligatoriamente, según dice la ley", ha afirmado García.
El portavoz sostiene que ese cambio provocaría que PP y Vox perdieran la mayoría que mantienen actualmente en la institución. De ahí que atribuya a ambos partidos la intención de modificar previamente las reglas de elección. "¿Qué pasa? Que perderían la mayoría en la Cámara de Cuentas".
García también ha cuestionado la fórmula escogida para tramitar la modificación. Critica que se utilice la vía de urgencia y el artículo 134 del reglamento parlamentario, que permitiría que la reforma fuese aprobada en comisión sin una votación final en el pleno. Para Adelante, la composición del organismo adquiere especial relevancia por las funciones que desarrolla sobre la contratación y el gasto público. "¿Quién controla los contratos que hacen de privatización, a ver si no se los están dando al amigo de turno o no están utilizando mecanismos tramposos para dárselos a cierto amigo de cierto partido? La Cámara de Cuentas".
Maíllo también anuncia acciones judiciales
La reforma ha recibido igualmente el rechazo de Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía. Maíllo considera que eliminar la representación mínima de todos los grupos supone romper el principio de pluralidad que, a su juicio, ha marcado la configuración de las instituciones de extracción parlamentaria en Andalucía. El dirigente de IU asegura que PP y Vox no han negociado la propuesta con su grupo y ha criticado que la modificación altere el modelo seguido hasta ahora en órganos de este tipo. "Es muy grave porque en todas las leyes vinculadas a los órganos de extracción parlamentaria y, por tanto, estatutarios, está contemplado, y así lo atraviesa el espíritu del propio Estatuto, por la necesidad de que todos los grupos parlamentarios constituidos tengan representación en todos los órganos", ha defendido.
Maíllo ha señalado que su primera intención será intentar frenar políticamente la reforma durante su tramitación. Si finalmente se aprueba, ha anunciado que recurrirán a las vías judiciales disponibles, aunque, a diferencia de García, no ha concretado específicamente un recurso de amparo ante el Constitucional. "No le quepa duda que vamos a dotar todas las vías judiciales para impedir su cumplimiento", afirmó.
El responsable de IU ha encuadrado además el cambio en una alteración más amplia del modelo institucional andaluz y ha rechazado que PP y Vox puedan decidir qué fuerzas políticas tienen presencia en los organismos de control. "O sea, PP y Vox no pueden determinar la voluntad del pueblo andaluz".
La reforma de la Cámara de Cuentas impulsada por PP y Vox, que pretende evitar que grupos como Adelante y Por Andalucía mantengan un representante por el hecho de tener grupo en el Parlamento, está provocando reacciones entre las formaciones afectadas. La primera, Adelante Andalucía, que tras las elecciones de mayo tendría derecho a un asiento en el órgano fiscalizador, ha anunciado que está dispuesta a acudir al Tribunal Constitucional si la modificación se aprueba.
El portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, considera que el cambio pretende evitar que su formación obtenga representación en la institución encargada de fiscalizar las cuentas de la Junta. García ha planteado dos escenarios. Si la Mesa del Parlamento no activa la renovación con la ley vigente, Adelante recurrirá al Constitucional por entender que se estarían vulnerando sus derechos de participación política. Si finalmente se aprueba la reforma en los términos conocidos, también acudirá al tribunal de garantías. Y no solo eso. En base al reglamento, habría que poner en marcha dos meses antes de que culmine el mandato de los miembros, por lo que Adelante también amenaza con denunciar a la Mesa del Parlamento si demora la renovación del órgano antes de que entre en vigor la nueva normativa. "Si con la legislación actual no se activa la renovación, vamos a ir al Constitucional, pero si encima se inventan una ley que vulnera nuestros derechos, también iremos al Constitucional", ha advertido.
En ese sentido, la formación ya ha registrado una petición ante la Mesa para que comience inmediatamente el procedimiento de renovación con la legislación actual. También reclama un informe del letrado mayor del Parlamento que explique la situación y los motivos por los que todavía no se ha iniciado el proceso.
El movimiento tiene consecuencias directas sobre el reparto. La Cámara dispone de siete consejeros y a principios de 2027 deben renovarse cuatro. Según los cálculos expuestos por Adelante, su grupo tendría derecho a ocupar uno de ellos y sería el PP quien debería desprenderse de uno de sus puestos. "Como Adelante Andalucía no está, uno tiene que ser para Adelante Andalucía, obligatoriamente, según dice la ley", ha afirmado García.
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García también ha cuestionado la fórmula escogida para tramitar la modificación. Critica que se utilice la vía de urgencia y el artículo 134 del reglamento parlamentario, que permitiría que la reforma fuese aprobada en comisión sin una votación final en el pleno. Para Adelante, la composición del organismo adquiere especial relevancia por las funciones que desarrolla sobre la contratación y el gasto público. "¿Quién controla los contratos que hacen de privatización, a ver si no se los están dando al amigo de turno o no están utilizando mecanismos tramposos para dárselos a cierto amigo de cierto partido? La Cámara de Cuentas".
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Maíllo ha señalado que su primera intención será intentar frenar políticamente la reforma durante su tramitación. Si finalmente se aprueba, ha anunciado que recurrirán a las vías judiciales disponibles, aunque, a diferencia de García, no ha concretado específicamente un recurso de amparo ante el Constitucional. "No le quepa duda que vamos a dotar todas las vías judiciales para impedir su cumplimiento", afirmó.
El responsable de IU ha encuadrado además el cambio en una alteración más amplia del modelo institucional andaluz y ha rechazado que PP y Vox puedan decidir qué fuerzas políticas tienen presencia en los organismos de control. "O sea, PP y Vox no pueden determinar la voluntad del pueblo andaluz".
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