El Gobierno andaluz ha aprobado este martes un decreto que regula la Oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía y desarrolla la Ley del Estatuto de los expresidentes que vio la luz en 2005. Aunque pueda llevar a confusión, esto no tiene relación con los sueldos de los expresidentes, una medida que se ha integrado en la reforma del Consejo Consultivo.
Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno se ha querido quitar importancia a la creación de esta Oficina ya que asegura que "no se crea nada que no existe ya". Esto supone que no se produzca tampoco un incremento presupuestario, según Ramón Fernández-Pacheco.
Pese a que no haya que incrementar el presupuesto, el coste de la Oficina ya está establecido. La Junta ha estimado que el coste anual de esa Oficina será de 223.843,78 euros, cantidad resultante de los recursos humanos que pone a su disposición, cuyo coste cifra en 194.163,78 euros, así como otros 29.680 euros para gastos de funcionamiento.
De momento Susana Díaz es la única expresidenta de la Junta que ha podido acogerse a los medios de apoyo ya que Manuel Chaves y José Antonio Grián están inhabilitados y Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla superan la edad de 75 años que establece el decreto.
El personal de apoyo que se asigne a los expresidentes o el que tiene asignado ya Susana Díaz pasará directamente a depender de la Oficina, quedando desvinculado así de la Consejería de la Presidencia.
Concretamente, el personal consiste en un asesor de nivel 30, un automóvil de representación y dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta. La ubicación de esa Oficina, "siempre que sea posible", según precisa el decreto, será "en las instalaciones del Parlamento de Andalucía".
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