Más de 3.000 migrantes viven en chabolas en Huelva: "El día que caiga uno con coronavirus, caemos todos"

El Colectivo de Trabajadores Africanos demanda soluciones al Gobierno. "No podemos pasarnos todo un día debajo de un plástico sin electricidad ni agua", apuntan

Dos migrantes africanos, en un asentamiento chabolista de Huelva.
Dos migrantes africanos, en un asentamiento chabolista de Huelva.

El Colectivo de Trabajadores Africanos ha demandado, el pasado viernes, al Gobierno de España, al Ministerio de Sanidad y al Ayuntamiento de Lepe por la situación de extrema vulnerabilidad y olvido que se está viviendo en los asentamientos chabolistas de trabajadores migrantes en la provincia de Huelva ante la pandemia. La demanda viene a raíz del silencio institucional ante las peticiones de acceso a agua y a condiciones de salubridad que estos trabajadores llevan haciendo desde el inicio del confinamiento por la crisis del coronavirus.

En la provincia de Huelva hay 49 asentamientos chabolistas ,en las poblaciones de Moguer, Palos de la Frontera, Cartaya y Lepe. En estos asentamientos viven más de 3.000 temporeros migrantes durante la campaña de recogida de fresas y frutos rojos de Huelva. La declaración del estado de alarma y el confinamiento obligatorio ha complicado la situación ya crítica en la que se encuentran estos trabajadores.

Desde los asentamientos en la localidad de Lepe, en los que se encuentran unas 1.000 personas, Amadou Doumbia, presidente del Colectivo de Trabajadores Africanos, insiste en la crítica situación que están viviendo. “No nos llega mucha información porque no tenemos internet y para cargar el móvil tenemos que ir al pueblo. La gente sigue con su vida normal pero claro no hay nada, ni guantes, ni mascarillas, ni comida. Lo de quedarnos en nuestra casa es difícil porque no podemos pasarnos todo un día debajo de un plástico sin electricidad ni agua. Aquí no hay ningún tipo de protección, el día que caiga uno de nosotros con coronavirus, caemos todos”.

A pesar de la pandemia, el trabajo en el campo onubense no cesa. “De momento el trabajo no se ha paralizado y está asegurado porque este año no van a venir las mujeres para los frutos rojos. El verdadero problema es la gente que no tiene documentación y no puede trabajar. La mayoría de las personas que viven en los asentamientos no tiene documentos y su situación es más complicada”, comenta Doumbia.

Un asentamiento chabolista de Huelva, en pleno estado de alarma.

El Colectivo de Trabajadores Africanos lleva denunciando esta situación desde el 14 de marzo y realizando peticiones a las instituciones públicas para garantizar a los habitantes de los asentamientos el acceso al agua, alimentos y gestión de residuos para poder proteger su salud y cumplir con el protocolo ante la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta manifestada en actos. El pasado 19 de marzo la Unidad Militar de Emergencia (UME) visitó los asentamientos con el objetivo de informar sobre el confinamiento. “No sabemos si van a volver pero no han hecho nada, pero podrían ayudarnos a poner un punto de agua, conseguir guantes y mascarillas y repartir alimentos”, expone el presidente del colectivo de trabajadores, que insiste en que tampoco han recibido respuestas reales de otras instituciones. “De momento nos han dicho que va a llegar ayuda pero solo de palabra porque aquí no ha venido nadie”.

Para solucionar esta situación el Colectivo de Trabajadores Africanos están siguiendo dos estrategias. Por un lado están gestionando de forma colectiva las necesidades de los asentamientos y han puesto a disposición de quien pueda aportar apoyo económico un número de cuenta destinado para obtener alimentos y material sanitario. "Nosotros mismos estamos colaborando unos con otros y con la ayuda de la gente que está ingresando algo de dinerillo para que compremos agua, comida y eso”, explican.

Por otro lado, el pasado viernes día 27 de marzo el Colectivo de Trabajadores Africanos presentó una demanda a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lepe, el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, y el Ministerio de Defensa del Gobierno de España por el abandono institucional en el que se encuentran los asentamientos ante la crisis del coronavirus, lo que supone una falta de protección ante “el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano esencial”, según el escrito de la demanda. “A ver si la denuncia acelera un poco las respuestas, nuestro objetivo es tener un mínimo de salubridad y vida digna estos días”, sentencia Amadou Doumbia. Por ahora no han recibido ninguna respuesta.

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