Samuel López tiene dos hijos, de tres y cinco años, a los que tiene inscritos en el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (PRAI) que impulsa la Agencia Pública Andaluza de Educación, adscrita a la Junta, gracias a la que ha estado recibiendo alimentos durante el confinamiento. “La comida es deficiente, pero por lo menos es comida”, señala. Durante las últimas semanas ha estado desplazándose hasta un centro escolar dos veces en semana para recoger los menús que les facilitan a familias con pocos recursos. “Los lunes me daban comida para ese día y para el martes; y los miércoles para miércoles, jueves y viernes”, explica.
El programa se interrumpió el pasado 22 de junio, a pesar de que organizaciones como la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) Nueva Escuela de Sevilla habían avisado de que “30.000 familias en estado de vulnerabilidad” iban a ser “abandonadas" por la Consejería de Educación. Desde esa fecha, el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil se deja “en manos de organizaciones, asociaciones, redes vecinales y ayuntamientos el que miles de niños puedan tener sus tres comidas diarias".
La federación de asociaciones esperaba una "rectificación" y que Educación ampliara a los meses de verano el PRAI, pero "nuestros peores presagios se han confirmado”, agregan. "No se han valorado ni tenido en cuenta las dificultades que muchas familias han tenido para recoger los menús en pleno confinamiento, ni tampoco el rechazo de los menús”. La de Samuel López es una de esas familias. Este sevillano de 43 años lleva tres sin tener un empleo estable. Ni él ni su pareja. “Me llaman por horas, días sueltos, de alguna empresa de manipulado de alimentos, como carretillero…”, cuenta. Antes tuvo su propia empresa y se ganó bien la vida como comercial, pero no tiene no tiene inconveniente en trabajar de lo que sea para “ganarme la vida de manera honrada”.
Uno de los menús que entrega la Junta dentro del programa de refuerzo de alimentación.
“La comida del PRAI era un salvoconducto para tener una alimentación medianamente saludable, aunque muchas veces deja mucho que desear, pero ya nos cerraron el grifo. Si antes buscaba por todos lados, ahora mas todavía, con mas énfasis”, expresa Samuel, quien justo antes del confinamiento fue llamado de un ayuntamiento para hacerle un contrato de tres meses. “Es por lo que hemos podido sobrevivir”, relata, pero ya ha expirado. “El viernes tengo cita con la asistenta social para ver si me renuevan otros tres meses porque con seis meses ya me dan ayuda”, dice. También solicitará el ingreso mínimo vital. “Toda mi vida he sido autosuficiente, pero fue cumplir 40 años y empezar a escasear el trabajo”, lamenta.
La mujer de Samuel tampoco tiene empleo. Después de terminar un curso de camarera de piso, esperaba ser contratada por un hotel, “pero vino el Covid-19 y hasta que no se reactive… nada de nada”. “Los servicios sociales nos ayudan, Cruz Roja, Cáritas, una asociación que conocemos… todo lo que nos dan es para comer”, dice López, quien confiesa que ha llegado a estar diez meses sin pagar la luz, y abonando “a duras penas” el alquiler. Un amigo suyo, propietario de una guardería, le estuvo dando menús del comedor durante un tiempo. “Llegó un momento en el que, con las guarderías cerradas, tampoco podemos irnos a trabajar, ¿con quién se quedan los niños? Es un cumulo de circunstancias que te impiden encontrar una salida”, señala.
“Estoy metido en todas partes”, dice Samuel, quien ha participado en alguna que otra ocasión en las manifestaciones convocadas por la Fampa Nueva Escuela en la sede de la Consejería de Educación de la Junta. “Lucho por mis hijos lo que tenga que luchar y más”, añade. La federación, en un comunicado reciente, explicaba que, en torno al PRAI, desde su comienzo, ha existido "opacidad y falta de coordinación", lo que ha conllevado que "cientos de familias no hayan podido acceder al programa".
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