“Me levanté un día y le dije a mi marido: me acaban de echar”. Así recuerda Alicia, trabajadora de aula matinal, PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) y extraescolares en un centro escolar de la provincia de Cádiz, cómo se enteró de su despido. Ella se dio de baja por incapacidad temporal el pasado 13 de marzo, pero apenas dos días después la empresa para la que trabajaba emitió un comunicado informando del inicio de tramitación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Me dieron de baja el día 23 sin previo aviso”, cuenta Alicia a lavozdelsur.es, una de las 13.000 afectadas en toda Andalucía. De momento, ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo. Poco más puede hacer.
La Junta de Andalucía, en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, establece medidas de apoyo a la lucha contra los efectos del coronavirus, pero sindicatos como CCOO denunciaron que la “incertidumbre generada” llevó a empresas de menor tamaño que prestan estos servicios a presentar ERTE. El 1 de abril se modificó el Decreto Ley, “generando aún más ambigüedad, dudas e incertidumbres sobre la situación de estas empresas y de sus plantillas, sin darles solución ni respuestas, ni aportar garantías de empleo, ni de cobro de salarios, ni de protección”, agrega el sindicato, que pide que se le pueda adelantar a cuenta a las concesionarias de servicios los costes salariales.
“Mi empresa ha echado a toda la gente que está contratada por obras y servicios”, cuenta Alicia, como es su caso. Para la economía familiar, esta circunstancia le supone ingresar 400 euros menos cada mes. “Y no puedo cobrar el paro porque sigo dada de alta como PTIS (Personal Técnico de Integración Social)”, añade, un colectivo que mantiene el cobro de su salario durante el estado de alarma. De momento, ha percibido su sueldo como monitora de educación especial y la parte proporcional de marzo por su labor en el aula matinal, PROA y extraescolares. “Es despido improcedente, pero como no soy fija a la empresa le cuesta dos duros echarme”, señala.
“Estoy fastidiada”, confiesa Alicia, quien espera que la empresa para la que trabajaba, Rube Servicios Pedagógicos —con la que este medio ha intentado contactar sin éxito—, lleve a cabo estas prácticas. “Es indignante lo que están haciendo con la gente”, dice, por eso pide “un poco de humanidad”. “Me parece de poca vergüenza que la Junta pague un servicio y que no pagues a tus trabajadores”, expone. El Gobierno andaluz, sin embargo, informó a mediados de abril que seguiría pagando los gastos de personal y los salarios de las PTIS durante el cierre por el Covid-19, que engloba a casi 800 personas en toda la comunidad, más del 90% mujeres.
Sindicatos como CCOO llevan semanas exigiendo a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que cumpla con lo prometido y responda a la problemática de las 13.000 trabajadoras afectadas que atienden aulas matinales, PROA y extraescolares en unos 2.000 centros educativos de la comunidad, prestando servicio a 250.000 niños y niñas. “La Junta esconde la cabeza, tiene que seguir efectuando los pagos a las empresas que prestan estos servicios, porque las hay que pueden aguantar con los trabajadores contratados, y otras no”, expone Fernando Jiménez, responsable de sector de servicios educativos externalizados de CCOO de Cádiz, en declaraciones a lavozdelsur.es.
“Sabíamos que esta situación iba a ser difícil, pero que después de 40 días no se solventen errores es de traca”, agrega Jiménez, quien cuenta que hay “trabajadores en una situación crítica”, y también pequeños empresarios que prestan servicios externalizados. “El problema se hubiera solucionado si la Junta hubiera sido clara”, señala. “El problema para muchas empresas es que no se trata de un fin de actividad, sino de un cese de actividad, por lo que no pueden solicitar un ERTE al recibir dinero público”. Los dos decretos ley autonómicos que cubren los costes salariales de las personas que trabajan a través de contratos públicos no garantizan, sin embargo, “el cobro de los salarios del personal de aula matinal y comedores escolares”, censuran desde CCOO.
“Al Gobierno andaluz se le llena la boca defendiendo a estas empresas, pero la realidad es que su inacción está poniendo en grave riesgo la pervivencia de su actividad y del mantenimiento del empleo”, critican desde el sindicato. Eso lo sabe bien Daniel Quintero, propietario de la empresa QDActividades, que presta servicio a extraescolares en centros de la provincia de Cádiz. “La consigna es: si queréis mantener los contratos no podéis despedir”, cuenta a lavozdelsur.es. Desde entonces lleva soportando los costes sociales de su veintena de empleados. “Aguantamos como podemos”, expresa Quintero, quien mantiene a sus empleados de alta para que la Junta no alegue incumplimiento de contrato si lo hace, ya que tiene vigencia hasta finales de mayo. “Es una tensión constante, tengo ansiedad de la incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar”, explica.
Un mes después del inicio del estado de alarma, la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) publicó en la plataforma de proveedores de servicios escolares externalizados una guía para que pudieran exponer su situación y poder acogerse a posibles indemnizaciones, un documento que desapareció unos días después. “La APAE ni responde”, se queja Quintero.
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