La Policía Nacional ha registrado en la mañana de este viernes 3 de agosto las cinco clínicas de iDental en Andalucía, donde hay 3.270 víctimas del "fraude masivo", con el fin de rescatar historiales médicos de los pacientes y buscar documentación que pueda constituir material probatorio. Además, la causa judicial abierta por la macroestafa de las clínicas ha aumentado de gravedad al apreciar el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, indicios de blanqueo de capitales.
La entrada en el centro forma parte de una operación coordinada en 19 clínicas de iDental, cinco de ellas en Andalucía, en diferentes puntos del territorio nacional en búsqueda de historiales médicos y de pruebas de la posible comisión de hechos delictivos, que está ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Fuentes policiales han indicado que los registros afectan a clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia. Además, la Policía se ha personado a la sede en Madrid de Weston Hill Capital, la sociedad de inversión que adquirió el grupo iDental y que posee también la cadena de clínica Institutos Odontológicos (IO).
Según las primeras investigaciones, tras el colapso de iDental en octubre esta sociedad se hizo con el 100% del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo el mismo modelo de negocio, explica la Audiencia Nacional en una nota de prensa.
Esta sociedad de inversión se dedica a la adquisición de empresas en situación desfavorable y a maximizar la inversión a corto plazo y, según los indicios de los que dispone De la Mata, se trataría de fondos distressed o holdouts, conocidos como fondos "buitre". También sospechan los investigadores que Weston Hill, como propietaria de IO, podría haberse beneficiado para ese negocio del material e instrumental obtenido en la compra de iDental.
El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.