La Junta renuncia a invertir 1,7 millones de euros para víctimas de violencia de género

Manifestación contra la violencia de género celebrada el pasado 25 de noviembre en Jerez. FOTO: MANU GARCÍA
Manifestación contra la violencia de género celebrada el pasado 25 de noviembre en Jerez. FOTO: MANU GARCÍA

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reconocido y lamentado este jueves que su departamento ha tenido que renunciar este año a la ejecución de 1,7 millones de euros derivados de las cantidades distribuidas a las comunidades autónomas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por falta de tiempo para su aplicación.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el PSOE-A en la comisión del ramo, la consejera ha detallado que a Andalucía le correspondieron unos 15 millones de euros de dicho pacto en 2018 y otros 15 para 2019, unos créditos que se recibieron "en noviembre de 2018 y abril de 2019, respectivamente". De esos montantes, al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) le correspondían unos 2.250.000 euros para 2018 y similar montante para 2019.

El Consejo de Gobierno fijó la distribución de estos fondos entre las consejerías el pasado 19 de junio, según ha abundado la consejera, que ha explicado que, con fecha del 14 de octubre, el Servicio Andaluz de Empleo concedió una "subvención excepcional a Cruz Roja para la ejecución del programa Acércate. Posicionamiento de mujeres víctimas de violencia de género, por importe de 2.121.109 euros".

Entre los objetivos de dicho proyecto figuran los de "reducir las barreras, dificultades o desajustes específicos que las mujeres víctimas tienen para mejorar su posicionamiento y participación", así como incrementar la participación de las mujeres en acciones que "mejoren sus competencias profesionales repercutiendo en su nivel de empleabilidad".

El proyecto Acércate está actualmente "en pleno desarrollo, siendo su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, periodo en el que se estima que podrán ser atendidas o asesoradas 1.080 mujeres en las ocho provincias" andaluzas, según ha detallado la consejera, quien además ha anunciado que para 2020 se van a desarrollar acciones formativas para personal del SAE para "impulsar una mejora de la respuesta institucional a las víctimas de violencia de género".

No obstante, la consejera ha explicado que, teniendo en cuenta que el cierre del ejercicio presupuestario de 2019 se fijó para el 30 de noviembre, su departamento constató que no tenía "capacidad de junio a diciembre para asumir los cinco millones" correspondientes al SAE, y así lo trasladó en el Consejo de Gobierno, teniendo además en cuenta que Cruz Roja tenía "justificaciones pendientes de resolver".

Por ello, "optamos por una solución que nos gustaba", la de trasladar al Gobierno que "no podíamos asumir 1,7 millones, para que otras consejerías lo pudieran asumir". Por ello se hizo una modificación presupuestaria por la que ese dinero se derivaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la Vicepresidencia de la Junta y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

"Lo que haya hecho cada uno" de esos departamentos con ese dinero "lo desconozco", según ha confesado la consejera, que ha querido dejar claro que su departamento ya está "trabajando para los 2,5 millones" del ámbito del SAE que tendría que ejecutar en 2020, así como ha aclarado que se trata de "fondos finalistas" con los que "se garantiza su aplicación a la atención a las víctimas de violencia de género".

Críticas del PSOE

La diputada del PSOE-A Soledad Pérez, que ha valorado el "tono conciliador" de la consejera, ha criticado que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no empezó bien" con los datos del Pacto de Estado diciendo que el anterior Ejecutivo socialista "no había gastado" el que había recibido al final de 2018, cuando esos fondos "tienen fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019".

La socialista ha recordado que, "hace un mes", en el Consejo de Gobierno se acordó la redistribución de "11,6 millones" del pacto de Estado, y de la Consejería de Empleo "se detraen" entonces "1.709.000 euros", de forma que "para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas se restan 673.000 euros, y para la red de apoyo de búsqueda de empleo" de este colectivo "se detraen 959.000 euros".

Pérez ha agradecido a la consejera su "sinceridad y transparencia", pero ha tildado de "escandaloso" que se destine dinero que "no se gasta" en mujeres víctimas de violencia de género a fondos que no son ni para ellas y para cuestiones que "no tienen nada que ver con la violencia de género".

Ha dicho que entiende "perfectamente" que, si el 19 de junio le dieron los créditos, "no le dé tiempo de ejecutarlos", pero lo que no comparte es que el nuevo gobierno se llevara "seis meses criticando al anterior" ejecutivo "sin redistribuir los créditos de 2018 ni de 2019", algo que "tiene una responsabilidad política y ante la sociedad", según ha advertido.

Además, ha preguntado a la consejera si ha habido formación profesional para el empleo para víctimas de violencia de género en 2019, a lo que la consejera ha respondido que por parte de su departamento no las ha habido este año, en el que "nos estamos dedicando a hacer los reintegros de los expedientes" pendientes de resolver "que nos hemos encontrado", y "ya se están estudiando las acciones formativas para 2020", según ha aclarado.

Medidas del SAE

En todo caso, la consejera ha defendido que "la inserción laboral de víctimas de violencia de género es la mejor fórmula para garantizarles autonomía e independencia económica", además de "una herramienta fundamental en la recuperación de la autoestima" de estas mujeres.

La consejera, por lo demás, ha aprovechado su intervención para expresar su "apoyo y solidaridad" a las víctimas de violencia de género y sus familiares, así como ha detallado actuaciones realizadas a través del SAE para que estas mujeres "tengan a su alcance las mejores vías de información y asesoramiento al empleo como medidas a apoyar a que salgan de su situación".

Ha detallado que las mujeres víctimas pueden solicitar en sus respectivas oficinas de empleo "la confidencialidad de todos los datos registrados en su demanda", y ha concretado que, de enero a septiembre de este año, el número de mujeres víctimas de violencia de género que en algún periodo han estado inscritas en el SAE asciende a 18.363, de las que 460 optaron por la confidencialidad de sus datos".

La consejera ha expuesto también otras medidas impulsadas por el SAE como servicios del sistema de Intermediación para la mejora de la empleabilidad de estas mujeres y el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción, así como la creación de la red de personas tutoras de víctimas integrada por personal técnico del SAE con formación específica.

También ha especificado que, durante el ejercicio de 2018, último año completo evaluado, han sido atendidas en las oficinas de empleo 18.289 mujeres víctimas, de las que 2.633 registraron por primera vez su condición de víctimas de violencia de género en el sistema de Intermediación de Andalucía".

Adelante alude a Vox

Sobre medidas de apoyo en materia de empleo para víctimas de violencia de género también se ha pronunciado en la comisión, en otra pregunta, el diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina, quien tras lo expuesto por la consejera ha apuntado que "gobernar no es fácil", y se ha cuestionado si "la imposibilidad" de ejecutar fondos del pacto de Estado "no viene solamente de la capacidad material de la consejería para poder ejecutarlos", sino que pudiera estar condicionada por el apoyo al Gobierno que presta "un partido que no cree en la lucha contra la violencia de género", en alusión a Vox.

A esto, la consejera ha respondido que "no poder asumir el 1,7 millón se debe exclusivamente a nuestra incapacidad para asumirlo", porque "no hemos tenido injerencia de nadie", según ha querido dejar claro.

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