La Junta recorta 700 trabajadores de la plantilla de la empresa pública que realiza la ITV en Andalucía

CCOO advierte que de 1.300 personas que forman parte de Verificaciones Industriales de Andalucía se pasaría a unas 600, lo que implica una sobrecarga de trabajo y una peor calidad del servicio

Manifestación de CCOO para pedir la paralización de los recortes en Veiasa.
Manifestación de CCOO para pedir la paralización de los recortes en Veiasa.

El Gobierno andaluz da un paso más en su afán de privatizar los servicios públicos; en este caso con la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), encargada de realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según denuncia CCOO. Más de 300 personas procedentes de toda Andalucía se han concentrado ante la sede de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, tras el anuncio de que no se renovarán los contratos al personal eventual y tampoco se realizarán otros nuevos.

El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en Veiasa, Fernando Fuentes, ha explicado que hasta el momento realizaba contrataciones de seis meses por sustitución de vacaciones y de otros tantos por puntas de carga de trabajo. “Ahora, la Consejería se ha negado a dar más autorizaciones para realizar contratos, lo que supone que la plantilla se verá reducida a la mitad puesto que de las 1.200 personas que la conforman, más de 700 son eventuales”.

Fuentes ha alertado de que esa decisión de la Junta, “además de una pérdida brutal de empleo, conllevará una sobrecarga de trabajo para la plantilla fija y una pérdida de calidad del servicio ya que los tiempos de espera para la ITV podrían pasar de las dos semanas a tres meses en función de la época del año”.

Ante esta situación, CCOO ha exigido a la Administración que autorice a Veiasa a realizar contrataciones de personal eventual, que se cubran los 200 puestos estructurales necesarios en la plantilla con personal indefinido, una apuesta por reducir la eventualidad con contrataciones más estables como la fórmula del fijo-discontinuo, y la restitución de los derechos recogidos en el actual convenio colectivo que están siendo vulnerados por la empresa, como la eliminación de algunas ayudas sociales.

Fuentes ha recordado que Veiasa no cuenta con ninguna partida presupuestaria. “Es un servicio —hasta ahora público—, que a la Administración solo le genera beneficios, de ahí que no entendamos esta medida cuando además hay carga de trabajo e incluso se han abierto en estos años algunos centros más en Andalucía”, apostilla.

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