La Junta de Andalucía recortará 135 millones de la financiación a las universidades de la comunidad, un ajuste que el Gobierno andaluz asegura que será compensado en el futuro con los remanentes no afectados, fondos que se nutren de los sobrantes de presupuestos con los que se dotan anualmente a las universidades cuando sus gastos son inferiores a los inicialmente previstos.
Los ajustes propuestos servirán para contribuir al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el Covid-19 de 700 millones. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha mantenido una reunión telemática con los máximos responsables de las diez universidades, en las que ha avanzado los principales cambios sobre el presupuesto de la Junta en esta materia, a fin de hacer frente al gasto sanitario y social derivado de la pandemia del coronavirus.
Velasco ha informado a los rectores de las universidades públicas andaluzas sobre el pago de la deuda acumulada desde el año 2015 del anterior Gobierno autonómico. El abono de esta partida les permitirá disponer de recursos extraordinarios para emplearlos en inversiones, "una medida que contribuirá a fomentar la reactivación económica", ha destacado en una nota. Se trata, por una parte, de asignar la partida extraordinaria para el pago de la citada deuda; por otra, de habilitar una línea para inversiones de las universidades andaluzas dotada con 125 millones de euros; y en tercer lugar, se ajustarían 135 millones de presupuesto inicialmente previsto para 2020, cuantía que se compensará por la aportación de idéntica cantidad de los denominados "remanentes no afectados".
El consejero ha asegurado que "la educación superior es uno de los servicios públicos básicos que la Junta de Andalucía garantiza presupuestariamente". "Las universidades andaluzas siempre cuentan con los recursos que necesitan para asegurar la prestación de ese servicio y su correcto funcionamiento, algo que no va a cambiar", ha añadido, "ya que la labor que desarrollan las universidades públicas andaluzas constituye una actividad de alto interés para la comunidad autónoma y la base del sistema andaluz del conocimiento, que es uno de los pilares en los que se ha de fundamentar la competitividad empresarial y el desarrollo económico de Andalucía".
El ajuste de los remanentes y la nueva dotación para inversiones e infraestructuras será debatido con los rectores, con el objetivo de alcanzar en la medida de lo posible un consenso pleno en el reparto de todos estos recursos. Los criterios que se apliquen, en cualquier caso, responderán, bajo el principio de proporcionalidad, a la capacidad financiera de cada universidad. A juicio de Velasco, "estas circunstancias excepcionales requieren del esfuerzo conjunto, la responsabilidad y la solidaridad de todos".
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