La Junta contrata a 422 trabajadores para agilizar la tramitación de la renta mínima

El Gobierno andaluz también lanza un simulador digital que permite conocer si la unidad familiar puede tener derecho a la prestación

Una persona sin hogar, en una imagen de archivo.
Una persona sin hogar, en una imagen de archivo. MANU GARCÍA

La Junta de Andalucía ha acordado una inversión en personal de Trabajo Social y Administración de 6.952.731,27 euros para la contratación de 422 trabajadores, con el objetivo de reforzar la gestión de la prestación de la Renta mínima de inserción social en los servicios sociales comunitarios de las entidades locales andaluzas.

Estas 422 personas, que se contratarán de forma inmediata, vendrán a reforzar otras medidas puestas en marcha desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación como la formación a los profesionales de todas las provincias para mejorar el asesoramiento y la información a la ciudadanía, además del refuerzo que ya se está haciendo a través de la Estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas (Eracis), con más de 800 profesionales.

Por otra parte, el Gobierno andaluz también ha lanzado, a través de la web de la Consejería de Igualdad, un simulador digital que permite conocer si la unidad familiar puede tener derecho a la prestación de la Renta mínima de inserción social de Andalucía. Para ello, basta con introducir alguna información esencial y no es necesario recoger datos personales.

La intención de la Consejería es la de modificar la normativa que regula la renta mínima al objeto de primar con esta prestación, de una forma suficiente, a las familias con hijos menores de edad a su cargo y, de esta manera, luchar contra la pobreza infantil.

Con el objetivo de llevar a cabo una modificación normativa lo más completa posible que mejore la prestación, se va a tener en cuenta las conclusiones que se deriven de la evaluación que ha llevado a cabo la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía del primer año de ejecución del decreto ley. Asimismo, los objetivos serán mejorar la cobertura de la población, incrementar la intensidad de la prestación y agilizar el procedimiento administrativo.

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