La Junta de Andalucía, gobernada por PP y Cs, con el apoyo de Vox, recortará un 18% el número de plazas residenciales sufragadas por la Administración para acoger a menores tutelados. El recorte, en un primer momento, iba a ser mucho mayor —de unas 400 plazas, en torno al 45%—, pero las quejas de entidades sociales, partidos y ONG hace que finalmente se opte por reducir el impacto del tijeretazo previsto. De las 792 plazas subvencionadas por la Junta, 142 no se renovarán, provocando en la práctica el cierre de centros gestionados por organizaciones sociales en toda la comunidad.
Desde mediados de 2018 hubo un incremento “muy significativo” del flujo migratorio de menores a Andalucía, apuntan desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Menor, que han abierto queja de oficio solicitando un informe sobre los motivos de este recorte a los programas de atención a menores migrantes en la comunidad. El Gobierno andaluz ha comunicado a las entidades que gestionan estos centros que se ha realizado una “reprogramación presupuestaria” por lo que, a partir del 1 de junio, se dejará de atender a estos menores con la excusa de la crisis del coronavirus.
“Para la atención de estos menores fue necesario habilitar recursos residenciales que incrementaran los que hasta esos momentos disponía el ente público”, señala el Defensor en su queja. Desde entonces se amplió la red de centros residenciales de protección de menores, con la colaboración de entidades privadas, financiado mediante subvenciones que ahora, con la excusa de la crisis del coronavirus, se han interrumpido abruptamente, provocando el cierre de muchos centros.
“Ante el futuro incierto de la continuidad de esta red de centros, las entidades que venían colaborando con el ente público mostraron su inquietud por la imposibilidad de programar sus necesidades futuras de personal y medios materiales, así como planificar la asistencia y actividades a desarrollar con los menores, encontrándose en una prolongada situación de provisionalidad”, señala el Defensor del Pueblo Andaluz en su queja. La institución se interesa por la continuidad de la prestación asistencial a los menores inmigrantes, además de sus necesidades básicas o su escolarización.
El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha insistido públicamente en que "en Andalucía ningún menor extranjero va a ser desatendido", sino que se producirá una "reubicación de plazas y, si este verano llegan tantos como el año pasado, no les dejaremos sin la atención necesaria y se les va a atender a todos". La Junta se queja de que ha mantenido a pulmón la subvención para estos centros, a la espera de la llegada de financiación del Gobierno central, pero de momento no aclara cuantas personas se incluirán en esa "reubicación".
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ya comunicó días atrás que la Junta optó por “no renovar ninguna de las plazas actualmente en funcionamiento y dar por finalizado el desarrollo del programa sin perjuicio de que, en función de la evolución de los flujos migratorios, en momentos determinados se pudieran retomar mediante otras fórmulas de financiación”. En la práctica, supone el cierre del centro que tiene la Red en la provincia de Cádiz. La Consejería de Igualdad, en un escrito enviado a la organización, garantiza la financiación hasta el 31 de mayo, pero no más allá. Sin embargo, "reconoce y agradece el enorme esfuerzo realizado por esa entidad y sus profesionales para atender a los menores en las mejores condiciones posibles a pesar de las dificultades sobrevenidas".
“Este cierre se produce después de las críticas por parte de la Red de Inmigración a la gestión de las subvenciones del Gobierno andaluz, que están siendo investigadas en estos momentos por el Defensor del Pueblo andaluz”, aseguran desde la organización, que desconoce “cuándo cobrará el presupuesto correspondiente a este mes de mayo, ya que desde el día 1 los menores se encuentran en los centros sin que exista ningún tipo de relación jurídica entre la entidad y la Junta de Andalucía".
Adelante Andalucía, a través de su parlamentaria Maribel Mora, anuncia que exigirá explicaciones al Gobierno andaluz de PP y Cs, auspiciado por Vox, por esta decisión. La coalición de izquierdas considera que la decisión de la Junta de “eliminar las plazas de centros de menores aprovechando la cortina de humo" del coronavirus pone en riesgo la seguridad de estos menores. “Si un solo niño bajo tutela de la Junta de Andalucía se queda sin techo pondremos este asunto en manos de la Fiscalía de Menores”, señala la parlamentaria andaluza, quien asegura que la decisión "ha sorprendido a colectivos sociales y organizaciones involucradas en esta labor social por la que dejarán de percibir financiación asociada a sus distintas actividades".
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