Manuel Gavira, parlamentario andaluz de Vox.
Manuel Gavira, parlamentario andaluz de Vox.

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, el dictamen de la comisión para la recuperación de Andalucía como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha sido rechazado por los grupos de PSOE-A y Adelante, que no han participado en los trabajos de dicha comisión. El dictamen contempla más de 500 medidas (agrupadas en 16 bloques), con demandas tanto al Gobierno andaluz como al Ejecutivo central.

Para exponer el contenido del dictamen, el presidente de la comisión, el diputado de Vox Manuel Gavira ha manifestado que Andalucía debe estar orgullosa de este trabajo que espera que sirva para afrontar las carencias que la comunidad ha venido sufriendo en las últimas décadas. Ha avisado de que "hasta que Andalucía no se ponga a la altura de las demás regiones de España en todo, cualquier crisis que haya le afectará más que a cualquier otra y la recuperación tarda más en hacer efecto porque partimos de una situación peor".

De este modo, el diputado ha dicho que, partiendo de dicha premisa, se ha confeccionado un dictamen no para que quede en el lamento sino para que la crisis que vive la región sirva "como una oportunidad que permita afrontar y superar las deficiencias que tiene Andalucía". Además, ha dicho que el objetivo de la comisión ha sido aportar su "granito de arena para trabajar en mejorar el bienestar de los andaluces".

Por su parte, Gavira ha lamentado que PSOE-A y Adelante Andalucía no hayan participado en los trabajos de la comisión, quienes "han ofendido a los andaluces, a los que siguen mintiendo". Según ha declarado, "a esta comisión han venido andaluces a contarnos sus penitas y los que no las han escuchado han sido ustedes".

"En su soberbia dirán que están en la calle, que hablan con la gente, que se reúnen con colectivos y lo que no entienden es que esto no va de lo que quieran o crean, sino de lo que quiera Andalucía, donde quiera Andalucía y cuando quiera Andalucía", ha añadido el diputado de Vox antes de apuntar que "es tarea de todos que Andalucía se recupere pronto de la crisis y que estemos listos para competir en idéntica posición que otras regiones de España".

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha subido a la tribuna para dejar clara la postura de su grupo ante esta comisión de estudio "entre tanta propaganda y crítica interesada", y al respecto ha aseverado que los socialistas no van a "ser cómplices de un paripé o broma orquestada por PP-A y Cs para contentar a Vox".

"Con nosotros no cuenten para eso", ha resaltado el Fiscal antes de criticar que se eligiera para presidir la comisión a un partido que votó en contra de su creación, "no cree en las autonomías" y "pretende eliminar a Andalucía como comunidad autónoma", pero que es el que "mantiene en pie" al Gobierno de PP-A y Cs, según ha apostillado el portavoz socialista. Además, ha tildado de "montaje burdo" el dictamen objeto de debate, cuyo contenido con "disparates" ha rechazado.

La parlamentaria del PP-A Ana Vanessa García ha manifestado que PSOE-A y Adelante critican ante el Pleno un texto que "no se han leído" y del que pudieron ser coautores y no han querido, de manera que han perdido una oportunidad para ser útiles. Ha indicado que el PSOE-A está apuntado al "gamberrismo institucional" porque no acepta que otros gobiernen en esta comunidad y se arrogan además una "superioridad moral" parea calificar a esta comisión de "pantomima". En su opinión, eso supone "menospreciar" el trabajo de parlamentarios y de los servicios de la Cámara y reírse de las aportaciones de 134 comparecientes que representaban a la sociedad andaluza.

A su vez, el parlamentario de Ciudadanos Fran Carrillo ha manifestado que decir que el dictamen "nace muerto" es un insulto a los andaluces y a todos aquellos colectivos que han comparecido en la comisión. Ha dicho a PSOE-A y Adelante que los andaluces también les votaron para participar en esta comisión y no lo han hecho "porque no les ha dado la gana y no han querido trabajar". Asimismo, ha denunciado el "cinismo e hipocresía" de ambos partidos por no participar en la comisión y ahora venir al Pleno del Parlamento a decir cómo hay que hacer las cosas.

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García ha considerado que este dictamen "nace muerto" y en modo alguno casa con la realidad que se está viviendo actualmente en la comunidad. Según él, la acción del Gobierno andaluz se basa en entender que la administración tiene que "favorecer la inversión privada a costa" de las condiciones laborales de los trabajadores, y que los servicios pilares "no son derechos sino oportunidades de negocio", así como en una política fiscal basada en bajar impuestos a una minoría privilegiada.

Por otro lado, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández ha criticado la "espantada" de PSOE-A y Adelante de la comisión, y ha considerado que ahora deberían renunciar incluso al "turno de palabra" ante el Pleno, porque lo van a dedicar a "criticar" un trabajo del que no han querido participar. También ha defendido que el texto que se vota en el Pleno ha sido "depurado, filtrado y medido" para que nadie pueda dejar de compartir una gran parte de su contenido. Se trata, en su opinión, de "un gran esfuerzo y un magnífico trabajo" que nace de la colaboración.

En el dictamen se recogen consideraciones como que la "colaboración y cooperación con el Gobierno central debe ser una exigencia irrenunciable. En relación con las demandas a la Junta en materia sanitaria, se le plantea la aprobación de un Plan específico para Pandemias, englobado dentro del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, con actuaciones de coordinación con otras administraciones, como el Gobierno central, y que se ponga en marcha un Consejo Permanente de Vigilancia Epidemiológica.

A nivel estatal, tras criticar la gestión del cogobierno durante toda la crisis del Covid, el informe pide un sistema de financiación justo y que sus relaciones con las comunidades autónomas se basen en transparencia, lealtad institucional y objetividad, con el objetivo de la igualdad de todos los españoles. Para el reparto de fondos que vienen del Gobierno o de la UE, reclama unos criterios claros en su gestión y distribución "y que cada comunidad reciba lo que necesita, sin favoritismos por cuestiones políticas".

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