La Justicia ve posible una práctica delictiva en las contrataciones exprés de la Junta que está llevando a cabo en las últimas semanas, ofertas públicas de empleo que no siguen el procedimiento específico de bolsa y que, incluso, contratan por orden de llegada de solicitudes cuando estas no se anuncian con antelación suficiente.
La Fiscalía ha decidido iniciar pesquisas sobre estas prácticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de PP y CS tras la denuncia de CGT. Y está en manos de la Fiscalía Superior, que un día después de la puesta en conocimiento por parte del sindicatos aprobó incoar diligencias, según revela eldiario.es. Hasta ahora, la legalidad estaba en sede judicial administrativa, es decir, en el contencioso administrativo, tras las instancias iniciadas por PSOE y CCOO. Ahora, aumenta la gravedad al tomar parte un órgano de lo penal como es la Fiscalía. Y se une también a los recursos planteados por Adelante Andalucía ante la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la administración. En línea similar a CGT, las mareas blancas, contra Elías Bendodo, consejero de Presidencia.
En lo que se basan las entidades denunciantes en que las contrataciones exprés incumplirían deberes de los poderes públicos. Esto es, los principios de igualdad y publicidad de los procedimientos, que velan para evitar arbitrariedades o resoluciones injustas. "Es una vía flagrante al enchufismo", indicaba CGT.
Además, el hecho de que dejen fuera a ciertos perfiles, como mayores de 60, embarazadas, lactantes, diabéticos, portadores de VIH o con otra enfermedad crónica, sería "discriminatorio", a juicio del sindicato. La Junta impone estas restricciones para la contratación pública en base a los riesgos que se les presupone a estas personas ante la pandemia. La denuncia implicaría una discriminación perseguida en el Código Penal y una prevaricación si no se base en criterios fundamentados.
La cuestión es si las personas contratadas en las últimas convocatorias son, necesariamente, personas en primera línea de batalla contra el coronavirus, si no hay posibilidad de teletrabajo. De haberla, entonces, podría suponer efectivamente una discriminación, y ahora queda al criterio de los fiscales determinarlo jurídicamente.
Esto llega, además, poco después de que se formalizara una bolsa única en la administración, llevada a cabo a principios de 2020. La pregunta está, además, en si no había posibilidades de formalizar exclusiones respetando el orden establecido en esa bolsa. Porque de no ser así, significaría la creación en la práctica de otras bolsas paralelas a partir de cada convocatoria en la que se establezca orden de llegada como criterio fundamental. Y todo ello, además, con la ya citada no publicidad previa de las convocatorias. La administración pública tiene un deber de actuar diligentemente. ¿Qué ocurriría si se demostrase que alguno de los beneficiados pudo conocer por canales no oficiales la apertura de convocatorias exprés? Pues que se constararía, entonces, que la Junta no obró con objetividad a la hora de contratar o que llevó a cabo acciones que permitían estas prácticas.
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