Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia contra la empresa Diverbo (Iniciativas en Idiomas SL) por expulsar a una niña de 11 años con necesidades especiales de un campamento de inglés situado en Salto de Saucelle (Salamanca). Inés tiene "retraso madurativo de dos años e inferior motricidad a la de sus compañeros" que no le impide asistir durante el año escolar a clases en su curso y a diferentes actividades extraescolares. De ello habían sido informados en reiteradas ocasiones los responsables del campamento, dirigido a niños de entre 7 y 12 años, según ha relatado su familia a través de las redes sociales y en distintos medios de comunicación.
La familia cuenta que el día de inicio del campamento, el 28 de junio, la madre, Carolina Gómez, recibió por la noche una llamada telefónica de esas instalaciones por la que se le informaba que su hija presentaba un comportamiento extraño, como que "tardaba en ducharse", y que la madre de una de las otras dos niñas con las que la menor iba a compartir habitación se había quejado porque "su hija iba a tener que cuidar de una discapacitada".
Al día siguiente, sábado, y tras varias llamadas cruzadas entre la familia y los responsables de Diverbo, la dirección del campamento comunicó a la familia de Inés que debía ser expulsada porque "no podían hacerse cargo de ella durante las dos semanas que duraba el campamento". Antes, habían mencionado la posibilidad de que una monitora se responsabilizase en exclusiva de ella. Según siempre el relato de Carolina Gómez, que ha dado a conocer la Cadena SER, la razón esgrimida fue que los padres y madres de las otras niñas se quejaron porque "sus hijas están en un colegio de integración" y "cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños".
Consumo de la Comunidad de Madrid
La denuncia de Facua ha sido remitida este martes a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social. En ella, la asociación solicita la apertura de un expediente sancionador sobre la base de las competencias que tiene el organismo.
Entre otras vulneraciones de la legislación, FACUA cita en su denuncia el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece que"todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad".
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