La Defensoría Pública de Río de Janeiro ha confirmado la muerte de al menos 132 personas tras la operación policial a gran escala desarrollada en los barrios de Penha y Alemão, que tenía como objetivo a la organización criminal Comando Vermelho, una de las más poderosas de Brasil. Las autoridades han descrito el operativo como una acción “histórica”, aunque la magnitud de las víctimas lo ha convertido en la operación policial, con más de 2.500 agentes, más letal en la historia del país sudamericano.
El número de muertos supera incluso al de la masacre de Carandiru, ocurrida en 1992 en São Paulo, cuando 111 reclusos fueron asesinados durante un motín en la cárcel, un hecho que se convirtió en símbolo de la violencia policial en el país. En esta ocasión, los cuerpos sin vida se han acumulado en la Plaza São Lucas, una de las más conocidas del estado fluminense, situada a poca distancia del lugar donde se produjeron los enfrentamientos. Según la Policía Militar, durante la acción de las autoridades se incautaron de 31 fusiles de uso militar, medio centenar de armas de fuego de diverso calibre y se detuvo a 81 sospechosos.
Uno de los principales líderes sigue prófugo
Tras la operación, Brasil permanece en alerta ante el riesgo de una represalia del Comando Vermelho. Las fuerzas de seguridad buscan a Edgar Alves Andrade, alias Doca da Penha o Urso, considerado uno de los principales líderes del grupo y objetivo prioritario del operativo. A día de hoy sigue prófugo, y su paradero es desconocido. Según fuentes policiales, se teme que el fugitivo pueda ser quien impulse una venganza inmediata por las muertes registradas en la intervención.
El propio gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) del expresidente Jair Bolsonaro, ha defendido públicamente la actuación policial pese a la controversia generada. “La operación ha sido un éxito”, declaró, y añadió que “las víctimas solo han sido los policías”, en referencia a los cuatro agentes fallecidos. Las palabras de Castro han provocado críticas entre organismos de derechos humanos y sectores sociales que acusan al gobierno regional de banalizar la violencia institucional.
Las fuerzas de seguridad temen ahora que el Comando Vermelho pueda estar preparando una respuesta violenta a gran escala. Fuentes citadas por medios locales apuntan a que el grupo habría comenzado a planear ataques con drones bomba y armas de alto calibre, presuntamente coordinados desde el interior de la prisión de Bangu III, una de las más vigiladas del país.
El Comando Vermelho, al igual que el Primer Comando de la Capital (PCC), nació en el interior de las cárceles brasileñas y mantiene un férreo control sobre los centros penitenciarios. Las autoridades temen que desde su red carcelaria se organicen revueltas simultáneas para desestabilizar el país y responder a lo ocurrido en Río. La dimensión de la tragedia y la incertidumbre sobre sus consecuencias sitúan a Brasil ante uno de los episodios más críticos de su reciente historia de seguridad pública.