El Gobierno prepara una nueva norma para regular la creación de universidades privadas después de que el Tribunal Supremo haya anulado el decreto con el que pretendía endurecer los requisitos para abrir nuevos centros de enseñanza superior. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que ya trabaja en una nueva regulación para aprobarla "lo antes posible", con la intención de recuperar las exigencias que buscaban evitar la proliferación de universidades que no cumplieran los estándares de calidad. La decisión judicial, sin embargo, no ha llevado al departamento que dirige Diana Morant a renunciar a su planteamiento.

Fuentes ministeriales han trasladado que respetan la sentencia del alto tribunal, aunque mantienen su postura sobre la necesidad de ordenar el crecimiento del sistema universitario. "No cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad", han señalado. El Ministerio insiste en que seguirá adelante con la iniciativa y asegura que no permanecerá de brazos cruzados tras la anulación del decreto. "Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", recoge el comunicado, que también recuerda que la regulación anulada contó con el aval del Consejo de Estado y fue tramitada, según el departamento, con todas las garantías. El Gobierno impulsó la norma después del auge de universidades privadas en varias comunidades autónomas. En Andalucía, por ejemplo, se han aprobado cuatro en los últimos años pese al rechazo de los rectores de las públicas.

La sentencia del Supremo afecta al real decreto 905/2025, de 7 de octubre, que endurecía los criterios para autorizar nuevas universidades. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado un recurso presentado por Baleares al considerar que no estaba suficientemente justificada la tramitación urgente de la norma. El tribunal no ha entrado, por tanto, a valorar el contenido de los requisitos que establecía, sino que ha centrado su decisión en el procedimiento seguido para aprobarla. En concreto, concluye que la urgencia no se justificó debidamente y que, por ese motivo, la omisión del trámite de consulta pública previa carecía del respaldo legal necesario.

En su resolución, el alto tribunal cuestiona que la necesidad de que la reforma estuviera vigente en el curso académico 2025/26 fuera una razón suficiente para recurrir a ese procedimiento excepcional. Según recoge la sentencia, "el único elemento que se emplea para la justificación (aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26) es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente". Además, considera que las circunstancias expuestas por el Consejo de Ministros no pueden calificarse de extraordinarias o imprevisibles, sino que responden a la voluntad de introducir cambios ante la evolución del sistema universitario. Por ello, concluye que la tramitación urgente no estaba debidamente justificada y que tampoco lo estaba la eliminación de la consulta previa.

La justificación de Gobierno

El Ministerio sostiene que el problema que motivó la regulación continúa existiendo y defiende que el crecimiento del número de universidades no puede producirse a costa de la calidad de la enseñanza superior. Entre los aspectos que contemplaba el decreto figuraba la exigencia de 4.500 estudiantes para abrir una universidad, además de condiciones sobre la verificación de nuevos títulos en centros ya creados, el número de profesores doctores y la acreditación de universidades extranjeras con sede en España. El propósito de estas medidas era reforzar los requisitos vinculados a la investigación, el profesorado, la oferta académica y la sostenibilidad de los centros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había defendido la necesidad de frenar la creación de lo que denominó "chiringuitos" y de evitar que las universidades se conviertan en "una máquina expendedora de títulos".

Con la nueva norma, el Ejecutivo pretende volver a establecer un marco regulador que permita ordenar la expansión universitaria, esta vez dentro de las condiciones fijadas por el Tribunal Supremo. El departamento de Diana Morant insiste en que la anulación judicial no altera su convicción sobre la necesidad de establecer criterios que garanticen la calidad de los proyectos académicos. La sentencia, no obstante, deja claro que la aprobación de una regulación de este tipo debe respetar los procedimientos legalmente establecidos, incluida la justificación de cualquier tramitación urgente y de la eventual supresión de la consulta pública previa.