No es un tema especialmente mediático, pero lo cierto es que la Junta de Andalucía tiene un problema en la gestión de las universidades. En el último año, los rectores de las universidades públicas han levantado la voz en varias ocasiones y por varios motivos. El último ha sido el comienzo de las clases de Medicina en la Universidad Ignacio de Loyola tres meses después de que se haya iniciado el curso.
El martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio su visto bueno a que la universidad de los jesuitas impartiera el Grado en Medicina con 60 plazas. Uno de los argumentos del Gobierno andaluz es que hay falta de médicos en Andalucía. Sin embargo, las formas no han gustado a los rectores de las diez universidades públicas que ven un trato de favor. "Consideramos que esta medida excepcional representa un comportamiento de privilegio que ninguna institución académica ha recibido hasta ahora", denuncian las universidades públicas.
De hecho, los rectores han emitido un comunicado muy crítico tras reunirse en una Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades donde acordaron un posicionamiento "unánimemente en contra de esta medida inédita y excepcional". Además de que consideran ilegal la puesta en marcha de las clases, al faltar tres autorizaciones, también señalan que la decisión "daña notablemente la imagen de la enseñanza universitaria y perjudica el normal desarrollo de la docencia y la calidad del servicio de educación superior prestado al alumno.
Para protegerse de las críticas y conscientes de la excepcionalidad de la medida, el Gobierno andaluz anunció "un plan riguroso y detallado en el que se recojan tanto la nueva programación docente que garantice la impartición de todos los créditos del plan de estudio para este primer año, así como las garantías legales para el proceso de matriculación y el calendario de exámenes".
Sin embargo, lo más curioso es que tan sólo 24 horas después de que el Consejo de Gobierno diera su autorización, el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos declaró que veía "un poco prematuro" el inicio de las clases. Gómez Villamandos, hasta hace poco más de un año, era rector de la Universidad de Córdoba y había mantenido buena sintonía con el resto de rectores en las reivindicaciones.
Un conflicto que se suma a las universidades privadas y la financiación
Sin antecedentes, este tema seguramente habría pasado más desapercibido entre los rectores, pero lo cierto es que en el último año los desencuentros entre Junta y universidades públicas se han sucedido cada pocos meses. De fondo siempre ha estado la negociación sobre un sistema de financiación que se atascó en la anterior legislatura, con Rogelio Velasco como consejero.
Gómez Villamandos ha conseguido solucionar esa situación y que los rectores dieran el visto bueno a la propuesta de la Junta. De hecho, siguen manteniendo que el acuerdo es positivo porque garantiza un suelo económico. No obstante, cuando han visto los presupuestos para 2024 han vuelto los desencuentros. Algunos rectores creen que lo destinado es insuficiente y advierten que con esas cantidades no van a poder hacer frente a los gastos de personal y de suministro.
No es la única cuestión que ha provocado un distanciamiento. Hace unos meses, el Parlamento terminó aprobando dos universidades privadas que previamente había aprobado la Junta. En todo el proceso, los rectores públicos manifestaron una y otra vez que estos nuevos centros no cumplían los requisitos mínimos de calidad e investigación. Ahora, la Junta ha comenzado los trámites para otras dos universidades privadas.
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