Sin hacer demasiado ruido no se puede negar que las universidades privadas en Andalucía están ganando terreno en los últimos años. Hasta la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Junta de Andalucía tan sólo operaba la universidad Ignacio de Loyola en la comunidad. Sin embargo, la situación ha cambiado y ha provocado el malestar y la desconfianza de los rectores de la pública.
Tras largos trámites debido a que no cumplían los criterios más básicos, el último pleno del Parlamento de Andalucía aprobó con los votos de Partido Popular y Vox la creación de dos nuevas universidades que se implantarán próximamente en la comunidad: la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed). Un hecho que cambia por completo la enseñanza superior en Andalucía.
La aprobación se produjo entre muchas críticas de la oposición y las dudas de los rectores de las distintas universidades públicas andaluzas sobre los criterios de calidad de estos nuevos centros. Además, el visto bueno definitivo se produjo la misma semana que el Gobierno andaluz anunciaba un acuerdo de financiación para las universidades públicas.
El consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, presentó por sorpresa un nuevo de sistema de inspección para las universidades privadas con el objetivo de calmar los ánimos de las voces críticas. De hecho, hace unos días, en la apertura del curso de la Universidad de Córdoba afirmaba que las futuras universidades privadas tendrán "controles de calidad exhaustivos", como las públicas.
Estos controles de calidad anunciados por la consejería no convencen ni a los mencionados rectores ni a los sindicatos. Los responsables de las universidades públicas dejan claro que desconfían de la medida anunciada por el que hasta hace un año y algunos meses fue rector de la Universidad de Córdoba. En un acto celebrado esta misma semana, la Asociación de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) ha vuelto a insistir en que exista "igualdad de condiciones" para las universidades privadas y las públicas después de que los requisitos de calidad exigidos a las nuevas corporaciones no estén del todo claros.
Comisiones Obreras ha sido aún más dura con la creación de las universidades y de la puesta en marcha del sistema de inspección. CCOO considera que hay un "trato de favor" calificando el sistema de control de aberración. "Esto no ocurre en ningún otro nivel educativo, donde la inspección actúa por igual para los centros públicos, concertados y privados, constituyendo una garantía para la calidad del sistema", ha señalado Marina Vega, la secretaria general de la federación de Enseñanza.
En el mes de junio se aprobó también un decreto de regulación de las enseñanzas universitarias que "posibilitaría la perdida de titulaciones del sistema público para dejar espacio libre a las nuevas privadas, provocando un deterioro de la imagen de excelencia del conjunto del sistema".
Luz verde para nuevos grados en la Loyola
A la aprobación de las nuevas universidades por el Parlamento, hay que sumar una decisión que compete exclusivamente al Gobierno de la Junta de Andalucía y que se produjo el pasado martes en el último Consejo de Gobierno celebrado.
El Ejecutivo que dirige Juanma Moreno dio un impulso a la universidad Ignacio de Loyola, con sedes en Sevilla y Córdoba, autorizando la impartición del Grado de Enfermería. Con esta decisión, la universidad de los jesuitas comenzará a ofrecer el Grado de Enfernería en ambas ciudades a partir del próximo curso con 60 plazas en cada uno de sus centros.
"Las enseñanzas universitarias de Ciencias de la Salud han experimentado una gran demanda en los últimos años en el estudiantado debido, entre otras razones, a su alto nivel de empleabilidad", ha justificado la Junta de Andalucía tras la aprobación.
Dos nuevas universidades privadas en suelo público
Si la creación de la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed) han sido controvertidas, los últimos movimientos señalan que en los próximos años no se va a rebajar la tensión entre las universidades privadas y las públicas.
Mientras las mencionadas finalizaban sus trámites parlamentarios, en Málaga, el Ayuntamiento de la localidad (también del Partido Popular) aprobaba la cesión de terrenos públicos a otras dos universidades privadas. En este caso la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, otros dos centros con un informe desfavorable por parte del Consejo andaluz de universidades.
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