La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha solicitado a la Junta de Andalucía que concrete con mayor precisión las medidas anunciadas para garantizar la viabilidad de las escuelas infantiles de la comunidad. La organización ha reclamado una definición más clara de las propuestas planteadas por la Administración autonómica, al considerar que todavía no responden de forma suficiente a la situación del sector.
En un comunicado, la CEI-A ha detallado que la Consejería de Desarrollo Educativo ha presentado tres líneas de actuación orientadas a la sostenibilidad de estos centros. Estas pasan por la actualización del precio por plaza para el curso 2026/27, la implantación de un sistema de revisión automática a partir del curso 2027/28 y la búsqueda de soluciones al problema de liquidez que afrontan las escuelas infantiles al inicio del curso escolar.
El presidente de la organización, José Luis Victorio, ha valorado estas propuestas como "un paso en la dirección correcta", aunque ha matizado que resultan insuficientes si no van acompañadas de una concreción "real y cuantificable". En este sentido, ha insistido en la necesidad de que las medidas se definan con mayor detalle para que puedan tener un impacto efectivo en la situación económica de los centros.
En relación con la actualización del precio público previsto para el próximo curso, Victorio ha señalado que es imprescindible conocer el porcentaje exacto de incremento que la Administración está dispuesta a aplicar. Ha advertido de que no tendría el mismo efecto una subida cercana al 20 % o superior que otras de menor entidad, que, según ha indicado, "en ningún caso resolverían la situación de asfixia económica que sufren actualmente los centros".
La revisión
Respecto al sistema de revisión automática del precio por plaza previsto para 2027/28, la CEI-A ha pedido que se concrete el índice de referencia que se utilizará, planteando la necesidad de aclarar si estará vinculado a la actualización de los conciertos educativos o al Índice de Precios al Consumo (IPC). Asimismo, en cuanto a la falta de liquidez en septiembre, la organización ha propuesto que se adelante a principios de ese mes un porcentaje de la liquidación que normalmente se abona a finales de octubre.
Finalmente, Victorio ha recordado que la gratuidad del servicio implica una dependencia total de los pagos de la Administración, lo que obliga a los centros a asumir gastos al inicio del curso sin haber recibido ingresos. En este contexto, ha reiterado la disposición al diálogo de la organización, pero ha advertido de que "el sector no puede seguir sosteniéndose sobre medidas sin terminar de definir", subrayando que "es el momento de concretar, de actuar y de dar respuestas reales a una situación que ya no admite más demora y que parece que esta Administración no lo comprende del todo aún".