La Junta de Andalucía ha presentado el proyecto de Ley de Universidades Públicas de Andalucía (LUPA), una norma que regula el funcionamiento de universidades privadas en la región después de que durante esta legislatura se hayan aprobado cuatro universidades de estas características. Según Juanma Moreno, el objetivo de garantizar la calidad y la excelencia del sistema universitario.
La normativa establece que los promotores de estos centros privados deben contar con una trayectoria comprobada en educación superior, acreditar solvencia económica y garantizar infraestructuras y personal adecuados. Asimismo, las instituciones privadas deberán destinar un 3% de sus ingresos anuales a becas y ayudas al estudio y un 5% a planes propios de investigación. La ley obliga además a disponer de órganos de representación del estudiantado y a implementar mecanismos que faciliten la incorporación de los egresados al mercado laboral. Los proyectos rechazados deberán esperar cuatro años antes de poder presentar una nueva solicitud.
La LUPA también consolida el sistema público universitario, estabiliza la carrera académica, impulsa la internacionalización y promueve la formación continua. La norma incorpora medidas para proteger los derechos del estudiantado y mejorar la gobernanza de las universidades públicas andaluzas.
El texto legal se ha sometido a información pública y a los informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades y del Consejo Consultivo. Tras este proceso, será remitido al Parlamento andaluz para su debate y eventual aprobación, sustituyendo el marco vigente desde 2013.
Entre las novedades para el estudiantado, la LUPA reconoce por primera vez el derecho a acceder a un sistema de bonificación de las matrículas, así como la posibilidad de suspender temporalmente los estudios. También regula la conciliación de actividades académicas y deportivas y garantiza el derecho a la desconexión digital.
Un B2 para lograr el título
En el ámbito de la internacionalización, se exige acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para obtener un título oficial universitario y para el acceso a determinadas categorías del profesorado, con entrada en vigor en 2029, sin afectar a quienes estén matriculados en el momento de la aprobación. Además, se fijan contenidos mínimos comunes en planes de estudio para facilitar la movilidad entre universidades públicas andaluzas.
La ley incluye medidas para fomentar el acceso a la vivienda de los estudiantes mediante programas conjuntos de actuación de las universidades, así como la garantía de movilidad internacional mediante becas y ayudas financiadas por la Junta. También se asegura la continuidad de la docencia ante vacantes y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes, que deberá ser consultado sobre los precios de matrícula.
Finalmente, la LUPA impulsa la formación continua mediante el reconocimiento de títulos propios y microcredenciales, permitiendo a los estudiantes mejorar sus competencias de forma flexible y alineada con el mercado laboral. La Junta de Andalucía incorporará estas titulaciones en sus concursos administrativos, consolidando un sistema educativo público adaptado a las necesidades actuales.