Los sindicatos CSIF-A, ANPE y UGT-A han alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Andalucía con el objetivo de mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado en la comunidad autónoma. Este pacto fue suscrito en el Palacio de San Telmo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carolina España y María del Carmen Castillo, respectivamente, junto a representantes sindicales.
El acuerdo contempla varias medidas entre las que destacan la incorporación de 6.500 nuevos docentes, la reducción de las ratios de alumnos por aula, la ampliación de plantillas, la disminución de la burocracia y la mejora del acceso a cátedras. Se trata de un paquete de iniciativas que, según la administración autonómica, supone un avance estructural para el sistema educativo andaluz.
Juanma Moreno ha definido este pacto como un "acuerdo histórico" que permitirá responder a las necesidades de profesores, alumnos y familias. Ha explicado que las mejoras comenzarán a implementarse en el curso escolar 2025/2026 y que la presencia de los nuevos docentes se hará de forma progresiva, priorizando los centros con mayor vulnerabilidad y aquellos que requieren mejorar sus resultados académicos.
Dentro del plan de incorporación de personal, 2.528 profesores se sumarán a las plantillas en septiembre de 2025. Esta primera fase forma parte de un plan de choque diseñado para potenciar la calidad educativa, con especial atención a la educación especial, la competencia digital y la formación profesional.
Un presupuesto de 130 millones
El presupuesto destinado para la contratación de este primer grupo de docentes asciende a 130 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos. La llegada de estos profesionales permitirá también avanzar en la reducción de la ratio de alumnos por aula, fijándola en 22 estudiantes para el segundo ciclo de Infantil, medida que se implantará progresivamente desde el curso 2026/2027 y se completará en el curso 2028/2029.
Además, el acuerdo establece que los alumnos con necesidades educativas especiales contarán como dos a efectos del cálculo de la ratio para la asignación de docentes de refuerzo en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Esta medida busca garantizar una atención más adecuada a este colectivo.
Por último, el pacto aborda la reducción de la carga burocrática para los profesores, incluyendo la simplificación de informes y procedimientos, la eliminación de duplicidades y la mejora de la gestión digital de permisos y evaluaciones. Estas iniciativas responden a demandas históricas del profesorado, orientadas a permitirles dedicar más tiempo a la enseñanza directa.