En verano de 2025 salía a la luz la noticia de que la Junta de Andalucía estaba investigando al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, situado en Sevilla, por cobrar cuotas ilegales a las familias que formaban parte de este centro concertado. El equipo directivo exigía el pago de unas cantidades adicionales para dar el servicio completo a los alumnos, una práctica que es ilegal en centros educativos que reciben fondos públicos. Pese a que la situación salió a la luz en verano, la realidad es que la administración tiene conocimiento de la situación desde la navidad de 2024, cuando la inspección entregó un informe demoledor detallando cada una de las situaciones que se habían vivido en el colegio.
Esta práctica hizo que varias familias acudieran tanto al Defensor del Pueblo Andaluz como a asociaciones de consumidores y usuarios como Facua. Esta última remitió tanto al Colegio Sagrado Corazón de Jesús como a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Sevilla un escrito en febrero de 2025 en el que se hacía referencia a la legislación y se apuntaba que "el cobro de cantidades económicas por las actividades extraescolares y por los servicios escolares complementarios podrá contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros, sin que, en ningún caso, se pueda superar el coste efectivo de dichas actividades o servicios". Además, Facua solicitaba al centro que "sin mayor dilación" devolviera las cuotas abonadas por los denunciantes.
Sin embargo, según ha podido saber lavozdelsur.es, un año y medio después de que la consejería de Desarrollo Educativo tuviera conocimiento del caso, aún no ha cerrado el expediente, por lo que las familias continúan sin saber si se les va a devolver las cantidades que abonaron tras peticiones irregulares del centro educativo. Desde la Junta de Andalucía trasladan a lavozdelsur.es que el expediente sigue en marcha y que se llevó a cabo una comisión de conciliación.
Actualmente se está celebrando una segunda conciliación tras el fallecimiento del propietario del centro, un hecho que según la administración ha retrasado todo el proceso. Esta situación, no obstante, ha sorprendido a las familias ya que la gestión del colegio había cambiado de manos varios meses antes del fallecimiento de su director. "No me creo que haya pillado de imprevisto a la Junta. El informe es de navidades de 2024 y falleció en febrero de 2026. Han tenido más de un año para emitir una resolución", denuncia uno de los afectados. En este sentido, la Junta asegura que el colegio ha tomado medidas, aunque la realidad es que las familias que pagaron estas cuotas extraordinarias desconocen si se les devolverá el dinero y la consejería de Desarrollo Educativo tampoco aclara a este medio si forzará al Sagrado Corazón de Jesús a hacerlo.
El informe y los pagos
Esta familia apunta a que en su caso le obligaron a pagar una tarifa voluntaria para evitar que a sus hijos les quitaran el comedor. En los mensajes a los que ha tenido acceso lavozdelsur.es se pide una cuantía correspondiente a la "tarifa plana de extraescolares y servicios" entre los que se incluía los monitores de patio. Al mismo tiempo, esto se excluía de la tarifa del comedor. El centro daba dos opciones: abonar la tarifa plana o abonar la tarifa de monitor de patio. En caso de que no se pagaran estas cantidades, el colegio amenazaba con "dar de baja todos los servicios complementarios del centro". Una situación similar con una tablet para fines educativos. El centro alquilaba el material por 20 euros al mes a los alumnos pese a pagar ya una 'tarifa de fidelidad'.
Ante estas situaciones que se repetían de forma constante, los padres acudieron al inspector, quien investigó la situación y acabó emitiendo un informe demoledor en el que se hablaba de "incumplimientos graves". Además, el propio inspector detallaba a lo largo del informe varios casos particulares en los que se denunciaban estos cobros irregulares.
Entre las situaciones detalladas, el inspector describía la solicitud de pagos a una niña de 3 años de cantidades que en total superaban los 700 euros entre libros, materiales y uniforme, algo que provocó que se cambiara de centro. Esto, en el informe, se refleja como "un caso flagrante de discriminación en la escolarización como consecuencia de los costes económicos que la familia debía contraer en un centro sostenido con fondos públicos". La situación se fue repitiendo con la ya mencionada tarifa plana o una cuota denominada Comunicación TIC que tenía un coste de 50 euros "para la mejora de recursos digitales y que "de no ser abonada supone la privación para sus hijos en el acceso a información curricular o necesaria para sus enseñanzas a través de medios digitales".
Esta serie de acontecimientos terminan con una serie de conclusiones donde se explica que las cuotas "no respetan los principios de voluntariedad de la familia" por lo que "se deduce que en el centro solo se puedan escolarizar alumnado cuyas familias tengan una posición económica que permita el conjunto de pagos a realizar, consecuencia contraria al principio de equidad que rige nuestro sistema educativo". El inspector habla de un "evidente carácter lucrativo".
El que fuera director del centro señaló hace unos meses a eldiario.es que el centro estaba cumpliendo la normativa en vigor aplicando cuotas voluntarias fuera del horario lectivo y que la tarifa plana funcionaba como un descuento para los que contrataban todos los servicios. Del mismo modo aseguraba haber adoptado las medidas acordadas en la primera conciliación, algo que la Junta de Andalucía ha refrendado a este medio. El responsable del centro manifestó que el acuerdo suponía eliminar el donativo y crear nuevos servicios para poder cobrar a las familias.
Las familias no saben si habrá devolución de las cuotas
"Hay personas que directamente pagan porque asumen que en un colegio concertado hay que pagar, pero no estás obligado por mucho que lo llamen cuota voluntaria. Yo sigo esperando que devuelvan el dinero a las familias porque lo pone en el informe", afirma uno de los afectados con los que ha podido hablar lavozdelsur.es. Las cantidades, de media, calculan que ascienden a 50 euros por familia al mes. Una cuantía que año tras año ha podido generar montantes de dinero nada desdeñables. "Estamos hablando de mucho dinero". La espera ha desesperado a los afectados, quienes al consultar con la Junta han recibido la respuesta de que el proceso sigue abierto. La situación ha provocado cierto temor a que pudiera prescribir. No obstante, Desarrollo Educativo asegura que "no es una investigación judicial y no prescribe".
El malestar, en cualquier caso, va más allá del dinero. "No es por el dinero en sí, es que si me han estafado a mí y a otras familias, el colegio tiene que responder. Si no me devuelven el dinero pero al colegio le meten una multa, yo soy feliz. Tienen que pagar por lo que han hecho por mucho que la nueva inspectora diga que están haciendo las cosas bien". Actualmente el centro ha retirado la doble tarifa y existe un único precio por los servicios. "Lo que pasa es que uno ve todos los documentos y se da cuenta de que han sido muchísimos años lucrándose con las familias".