La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva campaña de inspección dirigida a academias y centros privados que imparten enseñanzas no oficiales o que no conducen a la obtención de títulos oficiales. La iniciativa, que comenzó en abril y se extenderá hasta noviembre, busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en estos centros, incluyendo aquellos que ofrecen formación en línea.
La campaña abarca todo el territorio andaluz e involucra a los servicios provinciales de Consumo. En total, se inspeccionarán 44 academias presenciales y 12 'online'. El objetivo principal es verificar que la publicidad, la información previa al contrato y la documentación contractual que ofrecen estos centros sean claras, veraces y ajustadas a la normativa, evitando cualquier tipo de confusión sobre la oficialidad de los títulos que otorgan.
Uno de los puntos clave de la inspección es asegurar que la información sobre las características de los cursos, especialmente su carácter no oficial, se comunique de manera adecuada. Además, se revisará el uso de marcas institucionales, para evitar que los centros puedan inducir a error al asociar sus programas a entidades públicas como la Junta de Andalucía.
Un foco particular de esta campaña será la revisión de la publicidad relacionada con cursos de idiomas, sobre todo en aquellos casos en los que se mencionen niveles de competencia o títulos oficiales. Se controlará también el uso de referencias a certificados de profesionalidad, para garantizar que no se generen expectativas erróneas en los estudiantes.
El personal encargado de la inspección se centrará especialmente en aquellos centros donde se han detectado mayores incidencias de quejas, reclamaciones o denuncias. Esta revisión se basa en los datos que maneja la Dirección General de Consumo, y busca asegurar que los problemas previos sean corregidos y no se repitan.
La última campaña de control en este ámbito se realizó en 2020, y en ella se llevaron a cabo 66 actuaciones en 35 centros. De esas inspecciones, un 24% reveló incumplimientos de la normativa, una de cada cuatro. Entre los principales problemas detectados estuvo la falta de información clara sobre las enseñanzas ofrecidas, y la ausencia de tablones informativos en las zonas de atención al público.
Además, en un 5,9% de los casos, los centros no cumplían con la obligación de contar con un tablón de información visible tanto en sus sedes como en sus páginas web. Esta carencia dificultaba a los usuarios el acceso a datos esenciales sobre los cursos que se ofrecen.
Otro incumplimiento detectado en la campaña de 2020 fue la falta de documentos de información específica sobre los programas de formación en un 6,3% de los casos. Estos documentos son fundamentales para que los alumnos comprendan las características de los cursos antes de formalizar su inscripción.
En relación con los derechos de los consumidores, un 15,7% de los centros no incluía información sobre el derecho de desistimiento en los contratos a distancia o fuera del establecimiento mercantil, lo que impide a los estudiantes ejercer este derecho de forma efectiva. Asimismo, en un 25% de las inspecciones realizadas, se constató la ausencia de información clara en los tablones de la web y en los documentos entregados en papel o en soporte digital.