La Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz ha dictado una resolución en relación con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en la provincia y en la que se pone de manifiesto la existencia de una “cesión ilegal de mano de obra” de las empresas concesionarias del servicio a la Agencia Pública de Educación, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
El texto dictado por la autoridad laboral viene a dar a razón a los argumentos esgrimidos en su denuncia por CCOO de Enseñanza y por el comité de empresa, señalando el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
El personal afectado por esta resolución se cifra en 250 personas trabajadoras que prestan sus funciones como PTIS en los centros escolares de la provincia de Cádiz y de los cuales varias decenas tienen interpuestas demandas ante la jurisdicción de lo Social.
En este sentido, desde el sindicato provincial de Enseñanza de CCOO han hecho un llamamiento a los responsables de la Consejería de Educación para que, en coherencia de esta resolución de la autoridad laboral, se allanen en las demandas presentadas, pongan fin al actual estado de cosas y normalicen las relaciones laborales de este colectivo cumpliendo la legislación en esta materia.
“Estamos ante un nuevo caso en el que se demuestra la razón jurídica de las demandas de las personas trabajadoras representadas por CCOO, y en las que los responsables políticos de la Junta tienen la posibilidad y la responsabilidad de alcanzar una solución negociada o mantener el conflicto laboral con este colectivo que desarrolla una labor fundamental en nuestro sistema educativo” zanjaba el secretario provincial de Enseñanza de CCOO, Sebas Alcón.
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